La organización Laboratorio de Paz expresó su “profunda preocupación” ante el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de iniciar un procedimiento para retirar la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López, actualmente en el exilio, advirtiendo que se trata de una violación flagrante de la Constitución y del derecho internacional.
En un comunicado, la ONG denunció que esta medida “constituye un nuevo intento de criminalizar la disidencia y castigar el ejercicio de la oposición política”, y recordó que el artículo 35 de la Constitución venezolana establece con claridad que “los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”.
Laboratorio de Paz destacó que el derecho a la nacionalidad es “inderogable” y está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual prohíbe de forma expresa su privación arbitraria, incluso por motivos políticos. “Retirar la nacionalidad por razones ideológicas constituye una forma de persecución incompatible con los principios de igualdad, no discriminación y debido proceso”, señaló.
La organización citó además al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ha condenado medidas similares aplicadas en Nicaragua contra opositores políticos, calificándolas como intentos de “borrar la identidad jurídica y la presencia política en el exilio”.
Según Laboratorio de Paz, la iniciativa anunciada por Delcy Rodríguez se inscribe en un “patrón creciente de persecución” que incluye la anulación de pasaportes, confiscación de bienes y criminalización de la disidencia democrática.
“El uso de la nacionalidad como herramienta de castigo político agrava la crisis de derechos humanos y vulnera la identidad civil de las personas perseguidas”, advirtió la ONG, alertando que este precedente “marca una nueva fase de represión estructural” en Venezuela.
Finalmente, el Laboratorio de Paz exhortó a la OEA, a la ONU y a la comunidad internacional a pronunciarse y exigir el respeto a los derechos fundamentales en el país. “La nacionalidad no puede ser utilizada como arma política ni como mecanismo de venganza”, concluye el documento.
