A través de una carta abierta, la organización Laboratorio de Paz hizo un llamado urgente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que asuma una presencia “firme, coherente y verdaderamente protectora” sobre Venezuela, tras la reciente decisión de la cuestionada Asamblea Nacional chavista de declararlo “persona non grata” y amenazar con suspender los acuerdos bilaterales con la oficina de la ONU.
En el documento, la ONG reconoce el valor de la Oficina del Alto Comisionado en el país, pero cuestiona duramente su rol durante los últimos seis años, señalando que su enfoque ha sido “ingenuo, débil y descontextualizado”, sin lograr avances reales en la protección de derechos humanos.
“Durante el período de presencia de la ACNUDH en el país, la situación de derechos humanos no ha mejorado, sino que ha continuado deteriorándose”, advierte la organización.
El pronunciamiento sostiene que la estrategia de “cooperación silente” del ACNUDH con las autoridades venezolanas ha fracasado, al priorizar su permanencia en el país en lugar de asumir un rol firme frente a un Estado acusado de cometer violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.
Entre las principales preocupaciones expuestas por la ONG destacan:
- La opacidad del memorando de entendimiento entre la ONU y el gobierno venezolano, que impide a la sociedad civil conocer los términos del acuerdo.
- La falta de coordinación y complementariedad con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que ha calificado como crímenes de lesa humanidad los patrones de represión en Venezuela.
- La designación de funcionarios de bajo perfil, sin experiencia suficiente, lo que debilita la capacidad técnica del ACNUDH en un contexto autoritario como el venezolano.
- El creciente escepticismo de las víctimas hacia la Oficina, muchas de las cuales han dejado de acudir a sus funcionarios ante la falta de respuesta o seguimiento.
“No estamos pidiendo abandonar el rol que corresponde al ACNUDH, sino que retome los principios que deberían guiar su acción”, señala la carta.
La organización también alertó sobre la necesidad de replantear el enfoque de la Oficina fuera del país si es que su permanencia en Venezuela resulta inviable, y enfatizó que el verdadero debate no es sobre su ubicación, sino sobre su efectividad real en prevenir abusos y proteger a las víctimas.
“La presencia del sistema internacional de protección es valiosa solo si es fiel a su propósito: prevenir violaciones, proteger a quienes padecen abuso de poder y promover políticas de disuasión reales”, concluye la misiva.
