La organización Acceso a la Justicia instó este lunes a la Asamblea Nacional a publicar el baremo y el cronograma completo para la designación del nuevo Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, luego de que comenzara a circular la lista de aspirantes a ambos cargos.
De acuerdo con la ONG, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano obligan al Comité de Evaluación de Postulaciones a divulgar no solo el procedimiento y los lapsos para presentar objeciones, sino también el baremo con los criterios y ponderaciones que se utilizarán para evaluar a los candidatos.
Acceso a la Justicia destacó que en las listas difundidas no figuran los anteriores titulares de ambos cargos, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz Angulo, quienes no se postularon para un nuevo período.
¿Qué es un baremo y por qué es indispensable?
La organización explicó que un baremo es una herramienta técnica que establece los requisitos y criterios objetivos para evaluar a los aspirantes a un cargo público. Su función es garantizar que la selección se base en méritos, idoneidad y experiencia, evitando decisiones influenciadas por preferencias políticas o personales.
“El baremo no solo indica los requisitos, sino también cómo se puntúan y cuáles tienen más peso”, señaló la ONG, recordando que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano exige su elaboración y publicación para los procesos de selección dentro del Poder Ciudadano.
Acceso a la Justicia subrayó que la transparencia del proceso depende de que el baremo sea público, de modo que la ciudadanía pueda verificar si la elección se realizó conforme a la Constitución.
Un mandato legal nunca cumplido
La ONG recordó que en los últimos 25 años nunca se ha informado sobre la existencia de un baremo ni se han aplicado procedimientos transparentes para la designación del Fiscal General o del Defensor del Pueblo.
“En la presente coyuntura es importante cumplir por primera vez con la Constitución y empezar a elegir a los funcionarios por sus méritos e idoneidad, y no por lealtades políticas como ha ocurrido hasta ahora”, advirtió la organización.
Acceso a la Justicia insistió en que estos cargos no deben servir para “defender al gobierno en contra de los ciudadanos, sino para defender a los ciudadanos de los abusos del poder”.
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