La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) documentó 21 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de 2022 en el estado Bolívar.
Según los registros de la organización, en marzo un hombre murió bajo la custodia del Estado, privado de libertad en el municipio Caroní, por complicaciones de salud en el hospital Dr. Raúl Leoni Otero tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix, se trató de Julio José Hurtado Mosquett.
El Diario Primicia reportó el 30 de marzo que el hombre de 34 años fue procesado por los delitos de femicidio agravado, violencia sexual y resistencia a la autoridad.
La información publicada por el medio de comunicación regional relató que Hurtado, quien llevaba 4 años detenido, presentó complicaciones de salud física debido a una úlcera.
Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras, una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos (policiales o militares) quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima.
Una Ventana a la Libertad alertó en su informe final del año 2021 que 892 reclusos se encontraban cumpliendo sentencia en los calabozos, lo cual es ilegal ya que ”son solamente lugares de tránsito durante 48 horas”.
Organismos involucrados
Además de la persona que murió bajo custodia del Estado, hubo 20 hombres asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo en medios de comunicación regionales hecho por Codehciu. Los efectivos estuvieron involucrados en 6 presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales, y otras 6 en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Esta segunda situación se trató del hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo, fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao, en el que murieron 6 hombres por arma de fuego, supuestamente integrantes de la banda delictiva “El Perú”.
En orden según la cantidad de ejecuciones durante el trimestre, sigue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que registró 3 víctimas.
El Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), La Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO) registraron una víctima cada uno.
De las 21 víctimas registradas en el trimestre, 10 no fueron identificadas por la prensa ya que se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos.
Cabe destacar que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y tiene a tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Sifontes y Roscio, según información del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Codehciu exhorta al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas. Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos.
