Un informe de Transparencia Venezuela advierte que en el país no pueden realizarse elecciones confiables sin antes realizar una auditoría profunda e independiente del Registro Electoral.
Para ello, la organización plantea un conjunto detallado de reformas estructurales con el objetivo de corregir décadas de exclusión, opacidad y manipulación del padrón de votantes.
«La transición requiere una auditoría integral, exhaustiva e independiente del padrón antes de cualquier convocatoria electoral. No se trata únicamente de depurar inconsistencias técnicas, sino de restituir la confianza en el universo de electores habilitados para participar», señala el informe.
Qué debe incluir la auditoría
El informe detalla siete elementos que debe abordar una revisión exhaustiva del Registro Electoral, tomando como referencia las evaluaciones realizadas al padrón en 2005.
En primer lugar, la auditoría debe verificar la integridad de la base de datos para identificar duplicados, campos vacíos e inconsistencias numéricas y temporales.
También se debe auditar el archivo biométrico (AFIS/capta-huellas), estableciendo la trazabilidad desde los archivos físicos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) hasta los registros digitales activos.
Además, se debe evaluar la depuración de fallecidos mediante cruce con archivos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y registros civiles municipales, con especial atención al período 2005-2026.
Otro punto a auditar son las planillas de actualización del Registro Electoral en las últimas dos décadas y realizar una verificación de campo en los 24 estados para contrastar los datos del padrón con documentos de identidad físicos de los electores.
Por último, se debe ejecutar un estudio de consistencia estadística y demográfica comparando con proyecciones del INE y con los cortes de 1995, 2005 y 2024; y evaluar el subregistro de la diáspora venezolana, proponiendo mecanismos de inclusión efectiva del voto en el exterior.
Las reformas estructurales
Más allá de la auditoría, el informe plantea reformas de fondo en cuatro áreas referidas a la actualización permanente del padrón, el modelo de inscripción, la transparencia e información pública y la auditoría permanente.
El documento propone reforzar en el Estatuto Electoral Especial el carácter «continuo» del Registro Electoral establecido en el artículo 19 de la LOPRE, construir una red permanente de inscripción con puntos fijos en los 335 municipios del país y operativos móviles para zonas rurales y fronterizas, y utilizar las sedes del Registro Civil como instancias permanentes de inscripción. Para la diáspora, exige remover las trabas del artículo 124 de la LOPRE y las circulares restrictivas emitidas por el CNE a embajadas y consulados, desarrollar planes de emergencia que incluyan plataformas digitales de actualización remota y expedición de documentos de identidad en coordinación con el Saime, y solicitar asistencia técnica de organismos multilaterales como el ACNUR y la OIM.
La segunda reforma apunta a cambiar el modelo de inscripción. Venezuela mantiene actualmente un sistema de registro activo que transfiere toda la carga al ciudadano. El informe propone avanzar hacia un modelo automático o semi-automático, en el que los datos del Registro Civil se transfieran al padrón electoral al cumplir los 18 años, salvo renuncia expresa, homologando la información de bases de datos del Saime, el Archivo de Venezolanos Cedulados y el Archivo de Extranjeros Cedulados. También propone fijar en la ley los criterios para la creación y ubicación de centros de inscripción, con el criterio rector de la igualdad de acceso para todos los ciudadanos, y que no sean por decisión discrecional del CNE.
En cuanto a la transparencia e información pública, el informe exige que el CNE publique de manera estandarizada y en formatos reutilizables al menos cinco tipos de información: ubicación y horarios de los puntos de actualización, cantidad de trámites realizados por municipio y consulado, estadísticas de incorporaciones, reubicaciones y depuraciones, y criterios aplicados para objeciones o exclusiones. También plantea que toda organización política, grupo de electores y observador acreditado tenga derecho a acceder al listado completo del Registro Electoral para fines de verificación, y que el CNE quede obligado a entregar esa información en un plazo determinado y en formato procesable.
Por último, el documento propone auditorías bianuales obligatorias del Archivo de Venezolanos Cedulados y del Archivo de Extranjeros Cedulados con participación plural y publicación íntegra de resultados, un estudio de campo estratificado cada tres años para comparar el padrón con la realidad demográfica, y un proceso de revisión exhaustiva del Registro Civil —incluidas actas de nacimiento, defunción y huellas dactilares— de al menos la última década.
El informe también llama a la realización del censo poblacional nacional originalmente pautado para 2021, sin el cual resulta imposible diseñar circunscripciones electorales legítimas para la elección de la Asamblea Nacional.
Transparencia Venezuela concluye que «ninguna reforma del Registro Electoral será suficiente si no se acompaña de un régimen robusto de auditoría, publicidad y control» con participación plural, metodología clara y publicación íntegra de resultados.
