El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que entre 50 y 60 presos políticos permanecen recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en condiciones que calificó como “inhumanas”, y aseguró que todos requieren atención médica especializada debido a las presuntas torturas y malos tratos sufridos durante su detención.
Familiares de los detenidos, al menos 15 presos políticos iniciaron una huelga de hambre el pasado 3 de mayo para exigir mejoras en sus condiciones de reclusión y respeto a sus derechos fundamentales.
Entre las principales exigencias de los reclusos se encuentran el traslado hacia los centros penitenciarios de Ramo Verde o El Helicoide, ya que fueron enviados al Fuerte Guaicaipuro “por castigo” durante seis meses, pero ya acumulan nueve meses en ese recinto. También solicitaron atención médica urgente, especialmente para varios presos cuyo estado de salud habría empeorado considerablemente, entre ellos Wilmer Salinas, Rafael Rosendo, Rafael Blanco Volcán, José Manuel Mendoza, Ricardo Fonseca -quien habría intentado suicidarse- y Miguel Plaza. Asimismo, pidieron autorización para el ingreso de más alimentos y ampliación del tiempo de visitas familiares.
De acuerdo con la información suministrada por familiares, el 6 de mayo el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, acudió al Fuerte Guaicaipuro para conversar con los presos políticos y se comprometió a trasladarlos hacia la cárcel de Yare II en un lapso de tres meses. También habría autorizado el ingreso de más comida y extendido las visitas familiares a dos horas. Sin embargo, el OVP cuestionó estas promesas y afirmó que ya ha documentado casos en los que el ministro “le miente a las personas privadas de libertad y a sus familiares, sin escrúpulos y violando absolutamente todas las normas nacionales e internacionales”.
La organización defensora de DDHH insistió en que el acceso a condiciones dignas de reclusión, salud, alimentación y visitas “son un derecho y una obligación del régimen”, por lo que exigió la destitución e investigación de García Zerpa por presuntos actos de tortura, tratos crueles e inhumanos en distintos centros penitenciarios del país. Además, hizo un llamado a la defensora del pueblo y al fiscal general de la República para que impulsen una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las denuncias realizadas por familiares de presos políticos, quienes aseguran haber denunciado reiteradamente abusos y violaciones a los derechos humanos sin recibir respuesta de las autoridades venezolanas.
En el Fuerte Guaicaipuro, según los familiares, hay entre 50 y 60 presos políticos y todos requieren atención médica especializada, debido a las condiciones inhumanas de reclusión y a las torturas a las que han sido sometidos.
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— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 22, 2026
