La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) expresó este miércoles su profunda preocupación y rechazo ante la condena por terrorismo impuesta al joven Gabriel José Rodríguez Méndez, el primer adolescente sentenciado por este delito en el contexto postelectoral de 2024 en Venezuela.
La organización advirtió que el caso marca un precedente extremadamente grave en el uso del sistema penal venezolano contra menores de edad y evidencia una “peligrosa deriva punitiva” en la respuesta estatal frente a situaciones de conflictividad política.
REDHNNA señaló que la sentencia contra Rodríguez —detenido en el marco de las protestas postelectorales— consolida la aplicación de uno de los tipos penales más severos del ordenamiento jurídico venezolano en un proceso que, por ley, debía regirse por los principios de protección integral, excepcionalidad y mínima intervención.
“La aplicación del delito de terrorismo a un adolescente vulnera directamente el principio de que la respuesta penal debe ser siempre el último recurso del Estado”, advirtió la red.
La organización recordó que la privación de libertad en adolescentes debe ser excepcional y por el menor tiempo posible, y que el tipo penal de terrorismo, por su amplitud y severidad, es incompatible con los estándares nacionales e internacionales de justicia penal juvenil.
REDHNNA alertó que el caso se desarrolla en un contexto de graves vulneraciones procesales, entre ellas: limitaciones al derecho a la defensa, falta de comunicación inmediata con la familia, ausencia de garantías propias del sistema penal juvenil y uso indebido de tribunales con competencia en terrorismo.
La red presentó una serie de exigencias dirigidas a las autoridades:
- Interponer de inmediato el recurso de apelación, dentro del plazo legal de diez días hábiles, como parte esencial del derecho a la defensa.
- Garantizar la seguridad, integridad física y psicológica de Gabriel Rodríguez, así como condiciones de detención acordes con su edad y dignidad.
- Liberar a los demás adolescentes detenidos en el contexto postelectoral de 2024, muchos de ellos imputados por delitos desproporcionados como terrorismo o incitación al odio.
- Revisar integralmente todas las causas penales contra adolescentes en tribunales de terrorismo y aplicar medidas alternativas a la privación de libertad.
- Activar de forma urgente los órganos nacionales de protección, incluida la Defensoría del Pueblo, y solicitar el seguimiento reforzado de mecanismos internacionales de derechos humanos.
REDHNNA recordó que Venezuela es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible.
“Un Estado que trata a un adolescente como terrorista renuncia a su función protectora y convierte el castigo en una forma de violencia institucional”, concluyó la organización.
