La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) alertó este martes que el cronograma de las presidenciales del 28 de julio plantea unas elecciones «apresuradas», que afectarán al derecho al voto y a la observación internacional de los comicios, debido al poco tiempo entre el llamado a las urnas y el día de las votaciones.
«El Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncia la fecha de la elección presidencial sin garantizar tiempo suficiente -mínimo seis meses- entre la convocatoria y la realización de los comicios, lo que impacta negativamente en garantías electorales fundamentales», dice un informe de la organización no gubernamental.
Entre esas garantías destaca la posibilidad de que la Unión Europea (UE) envíe una misión de observación al país -para cuya organización se requieren unos seis meses-, como quedó establecido en el acuerdo suscrito en octubre pasado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La ONG cuestionó también que el pasado 5 de marzo, cuando se anunció la convocatoria de las elecciones, el CNE no publicara el cronograma completo de la contienda, «incumpliendo» la Ley de Procesos Electorales.
Asimismo, criticó que la fecha de la elección deja la puerta abierta a una transición de cinco meses y 13 días, tiempo en el que el ganador de las elecciones y el presidente en ejercicio deberán convivir hasta el día de la toma de posesión, establecido en la Constitución para el 10 de enero.
«Esto podría generar fricciones si los dirigentes son de tendencias políticas diferentes», resaltó el OEV.
Además, consideró que el lapso de 30 días para que los ciudadanos puedan inscribirse en el censo electoral o actualizar sus datos en el registro electoral (RE) «no bastan para incorporar a los millones de rezagados», especialmente en el exterior, donde viven cerca de ocho millones de venezolanos.
«Los migrantes podrían conformar la circunscripción electoral más grande, diseminada en más de 90 países y 400 ciudades. Por esta razón, la principal consecuencia de que no se garantice una actualización óptima del RE, además de conculcar un derecho a millones de ciudadanos, es excluir a una población que puede ser determinante para definir los resultados», alertó la ONG.
También subrayó que el CNE dio solo 20 días para modificar o sustituir candidaturas, 98 días menos que en la última elección presidencial, en 2018, cuando Maduro fue reelegido en unos comicios cuestionados por la comunidad internacional.
Esto no representa «un asunto menor considerando la inhabilitación que pesa sobre la candidata de la PUD, María Corina Machado», que hasta ahora no establece un sustituto para que la represente en la boleta electoral. EFE
