La coalición Derechos Humanos en Movimiento, que agrupa a diversas ONG que trabajan en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, advirtió en un comunicado que la grave erosión de la institucionalidad democrática y la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela han generado condiciones para la participación de funcionarios en “delincuencia organizada transnacional, corrupción y enriquecimiento ilícito”, y responsabilizó a ese vacío institucional por la escalada de violaciones a derechos humanos y la expansión de redes criminales.
El comunicado, difundido este martes, señala que la captura del Estado y la ausencia de contrapesos han convertido a la administración pública en un instrumento al servicio de intereses privados y clientelares, y que la corrupción estructural y la malversación sistemática han provocado una Emergencia Humanitaria Compleja caracterizada por pérdida de vidas, violencia contra grupos vulnerables y migración forzada.
“Venezuela puede ser un ejemplo modélico de cómo el desmontaje de la democracia genera un contexto político, económico y social favorable, no sólo para los abusos de poder contra la dignidad humana, sino también para que los funcionarios participen en hechos de corrupción, actividades ilícitas, lavado de dinero y en los flujos financieros ilícitos transfronterizos”, afirma el texto.
La organización critica puntualmente la inacción de las instituciones de control: “Las omisiones de la Contraloría, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han exponenciado la impunidad y la institucionalidad de prácticas ilícitas”, sostiene el escrito, que subraya además el incremento de mecanismos de extorsión institucional —cobro de “vacunas”, retención de personas para exigir dinero, trabas para la renovación o entrega de pasaportes— tras el desconocimiento de la voluntad popular el 28 de julio.
Venezuela en Movimiento advierte que la entrega de control territorial en zonas denominadas “de paz”, así como la alianza entre reclusos conocidos como pranes y funcionarios policiales y militares, han trasformado penales y territorios en epicentros del accionar de bandas criminales responsables de extorsiones, secuestros y homicidios. Esos mismos modos operativos, agrega el comunicado, se replican fuera de las fronteras en forma de contrabando, trata de personas y narcotráfico.
En cuanto al narcotráfico, el comunicado cita a Transparencia Venezuela en el Exilio para señalar que en 2024 casi el 24% de la producción mundial de cocaína habría transitado por Venezuela, generando ingresos por USD 8.236 millones, y subraya que, según la organización, “los funcionarios se han incorporado a las redes globales del narcotráfico” desde puestos de poder.
El texto también remite al Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la UNODC para recordar que la agencia se basa en los datos oficiales que los Estados suministran a través de un cuestionario, y advierte que en el caso venezolano “no hay forma de verificar la información suministrada por los funcionarios y la institucionalidad estatal que suministra dicha información”.
Sobre el operativo antinarcóticos desplegado por Estados Unidos en el Mar Caribe, DDHH Venezuela en Movimiento reclama transparencia y estándares de derechos humanos en las acciones que hayan implicado la destrucción de embarcaciones. El comunicado recuerda que las autoridades estadounidenses operan en amplias extensiones marítimas del Caribe y que, según la organización, en incidentes recientes se habrían producido al menos 14 muertes en embarcaciones destruidas, por lo que exige explicaciones y protocolos que garanticen el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida.
“Como organizaciones comprometidas con la vida y la dignidad humana, toda acción de combate al crimen organizado debe respetar el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida, asegurando que las personas acusadas de delitos comparezcan ante tribunales imparciales y con debido proceso”, señala el comunicado, que advierte que las ejecuciones sumarias en el mar pueden sentar un precedente regional peligroso.
Ante este panorama, la organización afirma que la única solución sostenible pasa por la restauración de la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes públicos y el respeto pleno al Estado de derecho, mientras que la cooptación de órganos de control y justicia seguirá alimentando la impunidad, los crímenes de lesa humanidad, la migración forzada y la violencia.
Finalmente, DDHH Venezuela en Movimiento hace un llamado a la comunidad internacional a actuar y plantea cuatro pedidos concretos: promover cooperación regional contra el crimen organizado transnacional; reducir el margen de maniobra para el chantaje diplomático; mantener atención y respaldo al liderazgo legítimo electo y a las víctimas; y activar mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas.
https://x.com/ddhh_movimiento/status/1970508168078999682
