El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció que los museos venezolanos atraviesan una situación de abandono estructural y opacidad presupuestaria, pese a que desde 2015 el régimen chavista anunció la aprobación de más de 190 millones de dólares en planes de rehabilitación que nunca se materializaron.
Según registros analizados por el ODH-ULA, entre 2015 y 2016 fueron aprobados cerca de 2.700 millones de bolívares para museos: 744 millones para personal y funcionamiento de 17 instituciones museísticas, 455 millones provenientes del FONDEN para recuperación de infraestructuras y 1.500 millones para la construcción de una plaza en la Galería de Arte Nacional (GAN) en Caracas —cuya construcción fue anunciada por primera vez en 2011 y recién en 2024 se informó que «pronto estaría finalizada»—. En octubre de 2024, Nicolás Maduro repitió el anuncio de un plan de rehabilitación de museos sin indicar los recursos asignados.
La realidad en el interior del país es desoladora. En Mérida, el Museo Arqueológico «Gonzalo Rincón Gutiérrez», adscrito a la ULA, funcionó en 2023 con un presupuesto de apenas 1.200 bolívares —equivalente a 36 dólares— para todo el año, y en 2026 la situación no ha mejorado. Los museos Juan Astorga Anta y Benigno y Vicenta Sánchez presentan filtraciones que amenazan colecciones de más de 500 obras. En 2019 ya se advertía el riesgo de perder piezas de 9.000 años de antigüedad del Museo Arqueológico merideño. En el Zulia, el Museo de Arte Contemporáneo (MACZUL) operaba en 2022 con apenas el 30% del presupuesto necesario, mientras sufría robos sistemáticos de su cableado eléctrico.
El ODH-ULA también denunció la instrumentalización política de los museos venezolanos, utilizados frecuentemente para eventos partidistas que desvirtúan su función de estudio, educación y preservación del patrimonio.
La organización recordó que el deterioro de estos espacios constituye una violación al derecho a la cultura, consagrado en la Constitución venezolana, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y exigió al Estado cesar la opacidad en el manejo de los recursos y adoptar medidas urgentes para proteger el patrimonio histórico del país.
