El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo que «no hay transparencia» en la información brindada sobre el operativo desplegado el miércoles con miles de agentes de seguridad en la cárcel de Tocuyito, la de mayor población reclusa del país.
En un comunicado de prensa, la ONG criticó que «no hay transparencia sobre el procedimiento» llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, y denunció «opacidad» en la información brindada sobre los traslados de los reos.
«Tras la ocupación de este penal, desde el OVP hemos recopilado los testimonios de muchos familiares que entre lágrimas y mucha preocupación claman por un listado en el que puedan conocer con detalle a qué cárceles fueron trasladados sus seres queridos», indicó.
El observatorio criticó que el Gobierno asegure haber acabado con las estructuras criminales que controlaban centros penitenciarios tras esta intervención, pues aseveró que «siete pranes (líderes criminales con poder en prisiones) mantienen su poder en las cárceles» de varias regiones.
Además, cuestionó que los privados de libertad están siendo trasladados a recintos penitenciarios con «hacinamiento que supera el 100 % y en condiciones infrahumanas que atentan flagrantemente contra los derechos humanos» de este grupo.
El jueves, a través de la red social X (antes Twitter), la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, indicó que los reos de Tocuyito, sin precisar cuántos, ya fueron recibidos en reclusorios del estado Falcón (noroeste), Lara (oeste), Guárico (centro) y de una cárcel cercana a la de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte).
Explicó que los trasladados «se encuentran en régimen penitenciario» -lo que quiere decir que usan uniformes, cumplen rutinas y llevan el cabello rapado- «y están recibiendo atención médica, jurídica e integral».
Al menos 1.658 armas -158 de fuego y más de 1.500 blancas- fueron halladas durante el operativo gubernamental desplegado en Tocuyito, la cárcel de mayor población reclusa del país, con más de 2.000 presos, según el Gobierno.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseveró el jueves que más de 8.000 funcionarios participaron en el operativo, en el que también hallaron «más de 12.000 cartuchos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas».
Este operativo se llevó a cabo un mes después de la intervención de la cárcel de Tocorón, donde el Gobierno desplegó a unos 11.000 agentes de seguridad, tras lo que fue desmantelada «totalmente» la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», cuyo líder, Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», todavía no ha sido capturado. EFE
