Desde 1999 hasta 2021 han muerto 7792 personas en prisión, y desde el 2018 hasta el 2021 el porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superaron las muertes violentas.
Así lo denunció Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante un foro organizado con motivo del 7mo aniversario de la creación de las 122 normas establecidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Recluso, conocidas como Reglas Mandela, en honor al Día Internacional de Nelson Mandela el 18 de julio.
“No es posible que en las cárceles venezolanas en el año 2021 murieron 126 personas y 90 eran por desnutrición y tuberculosis, esta última una enfermedad típica de una cárcel para que la que deben estar preparados para atenderla y tratarla, porque se conoce que una prisión es un foco de la tuberculosis”, sentenció.
Violación de las Reglas Mandela
En el foro también participaron María Rincón, abogada y coordinadora de Investigaciones de la organización; y Karen Valera, coordinadora del estado Miranda.
Rincón recordó que, durante sus años de reclusión, Mandela fue víctima de violencia física por parte de los funcionarios de prisiones, tuvo prohibición de visitas y de leer libros. Es por ello que con la creación de estas normas las Naciones Unidas quiso enaltecer su lucha.
Por su parte, Valera destacó que estas normas sirven como base para las políticas penitenciarias de cada nación, mientras que las cinco primeras reglas son los principios básicos del tratamiento de los reclusos.
Para la directora de OVP, estás reglas no se cumplen. Los penales son utilizados como “depósitos de personas”, y las condiciones de higiene e infraestructura son precarias.
Asimismo, destacó que existe un problema de alimentación grave y, aunque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios maneja una partida presupuestaria para cada preso, la población penitenciaria no recibe los alimentos.
Girón explicó, además, que los penales de Venezuela están llenos de privados de libertad que actualmente están en condición de procesados, sin condena firme.
La directora de OVP indicó que uno de los principales problemas es que existe corrupción en cuanto a la formación del personal en el servicio penitenciario. Manifestó que la formación es la base fundamental para la modernización del servicio penitenciario, porque este personal es quien se va a encargar de dar las herramientas al privado de libertad para su reinserción ante la sociedad como un factor positivo.
Destacó que los responsables de la seguridad de una prisión no pueden ser ni policías ni militares. “No pueden ser funcionarios de esos cuerpos de seguridad porque están formados para la represión, para la seguridad ciudadana. No están formados para trabajar con personas privadas de libertad”.
La defensora de DDHH manifestó que actualmente a los presos los están tratando mal y con ello están creando personas resentidas y con odio. “Ni los presos sudafricanos son tratados como en Venezuela, que no tienen acceso a la alimentación, al servicio médico, al agua potable”, situación que es responsabilidad del Estado.
La falta de herramientas para una reinserción, la presencia de pranes en las cárceles y la no clasificación en cuanto a los delitos, incumplen en su totalidad con las reglas.
“Las personas privadas de libertad son sujetos de derechos, en virtud que lo único que pierde una persona cuando ingresa a prisión es la libertad. Cuando se solicita que cumplan con los mínimos derechos de alimentación, servicio de salud, un espacio digno, son derechos, no privilegios”, manifestó.
Asimismo recordó que existe una discriminación en cuanto a las visitas para los presos a quienes no les permiten ver a los hombres, son solo las mujeres quienes acuden a los penales.
“En la cárcel no tiene por qué morirse nadie, porque la cárcel está bajo responsabilidad y custodia del Estado. Es algo que no se puede permitir, los invitamos a reflexionar sobre nuestro sistema penitenciario y a revisar las Reglas Mandela”, recalcó la directora de OVP.
