El Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) publicó un comunicado y un video en sus redes sociales en los que exigieron justicia por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas y rechazaron directamente el llamado del presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, quien días atrás había pedido a los venezolanos «superar» y «perdonar».
«¿Superar? ¿Perdonar? ¿Se puede pedir perdón mientras se oculta la verdad? Nos piden perdonar y olvidar, pero la justicia no se construye sobre silencio. En la Venezuela del después no necesitamos perdonar y olvidar. Necesitamos memoria, reparación y justicia para una verdadera reconciliación», afirmaron los estudiantes.
En su comunicado oficial, el Movimiento Estudiantil de la UCAB calificóla desaparición forzada seguida de muerte bajo custodia como un «crimen de Estado», rechazando la versión oficial punto por punto.
«Durante 16 meses, ninguna autoridad del Estado venezolano fue capaz de entregarle a una madre de 81 años una respuesta sobre el paradero de su hijo. Cuando finalmente respondieron, fue para informarle —a través de un comunicado en redes sociales— que llevaba diez meses muerto. La afirmación oficial de que Víctor Hugo «no suministró datos sobre vínculos filiatorios» es una ofensa al sentido común y a la inteligencia del país: su madre tocó cada puerta del Estado durante más de un año», señala el comunicado.
Los estudiantes también rechazaron la versión oficial que atribuye a complicaciones de salud la causa de la muerte: «No hay tromboembolismo pulmonar que borre la cadena de decisiones políticas y administrativas que llevaron a este desenlace. El Estado es responsable, por acción y por omisión, de cada una de esas etapas: la detención arbitraria, la reclusión clandestina, la atención médica negada o tardía, la muerte ocultada y el entierro clandestino».
Un patrón, no un caso aislado
El comunicado también advirtió que el caso de Quero Navas no es excepcional: «Es el rostro visible de un sistema que practica la desaparición forzada como herramienta política, que niega el habeas corpus, que ignora las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 18 de abril de 2026, y que utiliza la opacidad como mecanismo de impunidad. Hoy son más de 800 los presos políticos en Venezuela. Cada uno de ellos podría ser el próximo Víctor Hugo si el país no se levanta a exigir verdad».
El Movimiento Estudiantil de la UCAB formuló seis exigencias: una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y transparente con participación de organismos internacionales; identificación y sanción de todos los funcionarios responsables en cualquier nivel de la cadena de mando; entrega a Carmen Teresa Navas del expediente completo, certificado de defunción, informes médicos y acta de inhumación; cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH y reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; liberación inmediata de todos los presos políticos con prueba de vida verificable; y aplicación amplia y sin exclusiones de la Ley de Amnistía con mecanismos de reparación y garantías de no repetición.
El comunicado cerró con un llamado a la sociedad venezolana: «Ningún protocolo administrativo puede convertirse en sepultura del derecho a la verdad. Ningún comunicado tardío puede sustituir a la justicia. Mientras haya un solo desaparecido, una sola madre buscando, una sola celda con un preso político, no habrá silencio que nos calle».
