Cinco policías fueron detenidos en Venezuela luego de que organizaciones no gubernamentales denunciaran un allanamiento ilegal, actos de extorsión y la aprehensión de, al menos, 33 hombres en un local de entretenimiento LGTBI en el estado Lara (oeste) ayer, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía), que anunció una investigación.
Según un comunicado, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «activó oportunamente sus mecanismos de control interno» y puso a disposición de la Fiscalía a cinco funcionarios de ese organismo de seguridad, quienes serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control.
La institución informó también de la designación de «la Fiscalía 21 del estado Lara, conjuntamente con la Fiscalía 98 Nacional con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género», para el desarrollo de la investigación penal «en relación con el presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública», en Barquisimeto, capital de esa región.
«Incidentes de odio»
Este domingo, el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron el hecho y señalaron que los agentes policiales, vestidos de civil, «acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, según relatan las víctimas».
En un comunicado, aseguraron que este «grave suceso no solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también criminaliza y somete a la humillación pública».
Las ONG exigieron una investigación «inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables».
El activista Romario Sánchez, del Movimiento Somos, indicó a EFE que, con este, ha habido allanamientos, a los que calificó de «incidentes de odio», en al menos ocho locales LGTBI desde 2020 en Caracas y otras ciudades como Maracaibo, Valencia y Mérida.
En X, Jau Ramírez, director de Somos, aseguró que en el operativo «estuvieron involucrados, al menos, 12 funcionarios reconocidos por las víctimas, incluyendo los comandantes» de una división de la PNB en Lara.
En julio de 2023, 33 hombres fueron detenidos en un local diverso en el estado Carabobo (norte), acusados de «ultraje al pudor», además de «agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica», y excarcelados días después, tras numerosas protestas de distintos sectores.
En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante «las acciones arbitrarias» y «los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela» contra personas LGTBI, por lo que urgió al país a «abstenerse de criminalizar» a este colectivo.
El pasado 9 de mayo, Delcy Rodríguez, pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una «doctrina sobre la diversidad» sexual «como un derecho humano fundamental».
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de la comunidad LGTBI. EFE
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— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) May 31, 2026
