Un informe conjunto del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humano (Provea) y el Centro Gumilla, difundido este domingo, proyecta que para finales de año la cifra asesinados por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro podría superar las 3 mil personas.
«1.611 personas fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares de enero a junio de 2020. De continuar esta masacre, estaríamos llegando a final de año a más de 3 mil víctimas, la mayoría jóvenes pobres de entre 18 y 30 años», alertó el activista Marino Alvarado.
La investigación determinó que en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública en el primer semestre de 2020, se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales.
«Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas», describe el documento.
Incremento de letalidad militares
Si bien la Policía Nacional Bolivariana, a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), continúa siendo el organismo más letal, el informe revela un aumento en la participación de funcionarios militares en estos crímenes.
«Llama la atención el incremento de participación de componentes de la FANB en esta cantidad de homicidios que se ha cometido. Aumentó la participación de la Fuerza Armada en más de 400%«, explicó Alvarado.
En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total. Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total.
Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Mientras que las policías municipales fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Justicia internacional
El representante de Provea destacó la importancia de que continúe el mandato de la Misión de Determinación de Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019.
«Estamos frente a una política de Estado donde se ha creado una institucionalidad para favorecer el abuso de poder y la impunidad«, dijo Alvarado.
A finales de septiembre, la Misión de la ONU deberá presentar su informe tras un año de investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014.
