La organización Laboratorio de Paz cuestionó este lunes la convocatoria del régimen chavista a un “verdadero diálogo político” y la reciente creación de la Comisión para la Paz y la Convivencia, al advertir que ningún espacio de participación será auténtico mientras persistan las condiciones que criminalizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela.
El pronunciamiento surge luego de que la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, anunciara la instalación de una comisión integrada por 14 miembros, entre ellos figuras del oficialismo y representantes de sectores sociales y académicos.
La instancia está encabezada por el ministro Ernesto Villegas como coordinador y Ana María Sanjuán como secretaria ejecutiva. También la conforman la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez; el ministro de Comunas, Ángel Prado; el alto comisionado para los Derechos Humanos, Larry Devoe; la diputada y jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, Génesis Garvett; el expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno; el integrante de la comisión presidencial para la recuperación de la UCV, Francisco Garcés; el fundador de Ridery, Gerson Gómez; el politólogo y profesor del IESA, Michael Penfold; el representante del movimiento vecinal, Lankin González; la abogada e influencer Indira Urbaneja; el juez de paz Gustavo Canchica; y Mikea Figueroa, director del parque cultural Tiuna el Fuerte.
Laboratorio de Paz señaló que esta iniciativa se desarrolla en un contexto profundamente complejo. Por un lado, el país atraviesa un escenario inédito tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y el inicio de un gobierno tutelado por Estados Unidos, que ha planteado un plan de “estabilización, recuperación y transición”. Por otro, el espacio cívico se encuentra gravemente deteriorado, con organizaciones sociales debilitadas y líderes políticos y comunitarios obligados a la clandestinidad o al exilio, en un clima que la CIDH ha calificado como Terrorismo de Estado.
La ONG enfatizó que no puede hablarse de diálogo, reconciliación o transición mientras los venezolanos no cuenten con garantías reales para expresarse, asociarse y manifestarse sin miedo. Afirmó que la participación ciudadana no puede depender de iniciativas promovidas por las mismas autoridades que han vulnerado la Constitución y los derechos humanos, y que cualquier proceso político solo será legítimo si los ciudadanos pueden intervenir sin coacción y a través de sus gremios y asociaciones, hoy debilitados por la represión.
En su comunicado, Laboratorio de Paz enumeró las garantías mínimas necesarias para que los venezolanos recuperen su voz: libertad plena para todos los presos políticos; suspensión del Decreto de Estado de Conmoción Exterior; respeto irrestricto a los derechos de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica; cierre de causas abiertas contra excarcelados sometidos a medidas sustitutivas; fin de la censura y de los bloqueos de medios; remoción de altos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, incluido el Fiscal General y el Defensor del Pueblo; restitución jurídica de los partidos políticos intervenidos; y garantías para el retorno seguro de exiliados políticos y sociales.
La organización recordó que esta es la novena iniciativa de diálogo promovida por las autoridades en dos décadas, procesos que en el pasado han servido para dilatar el autoritarismo y dividir a las fuerzas democráticas. Aseguró que aún está por verse si la nueva Comisión será un mecanismo de simulación o si abrirá realmente el camino hacia la restitución de la democracia y los derechos humanos.
Finalmente, Laboratorio de Paz llamó a la sociedad venezolana a aprovechar la coyuntura abierta tras el 3 de enero para reconstruir y fortalecer sus gremios y asociaciones, superar el miedo estructural impuesto y articular sus propias demandas para incidir en el rumbo del país.
