La Asamblea de Estados Parte, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), rechazó este viernes “firme y categóricamente” las sanciones anunciadas por la Administración estadounidense de Donald Trump contra cuatro juezas del tribunal y advirtió de que representan una “amenaza” y un “atentado contra la independencia” de la institución.
La Presidencia de la Asamblea rechazó las medidas de EE. UU. contra las funcionarias de la CPI como “una amenaza a la justicia internacional” y consideró estas represalias como “lamentables intentos de obstaculizar a la Corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes”.
“Rechazamos firme y categóricamente estas medidas unilaterales. Representan un lamentable atentado contra la independencia de la Corte y la integridad del sistema del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la CPI)”, agregó el organismo.
La Asamblea recordó que la CPI es “un pilar de la justicia internacional” y funciona como un órgano judicial “independiente e imparcial, que opera de conformidad con su tratado constitutivo”, que le da jurisdicción sobre crímenes que “erosionan el compromiso compartido con el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la preservación de un orden internacional basado en normas”.
Estados Unidos anunció ayer sanciones contra Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia), cuatro nuevas adiciones a la lista que ya contenía al fiscal Karim Khan, el primer sancionado por la administración Trump contra el tribunal debido a la investigación que afecta a Israel por crímenes de guerra en Gaza.
Dos de las jueces -las de Benín y Eslovenia- participaron en el panel que autorizó en noviembre las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Mientras que las otras dos -de Uganda y Perú- fueron parte de la Sala que tomó decisiones en 2020 sobre la investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
Sin embargo, ambos paneles contaban con más jueces, pero Estados Unidos no explicó las razones por las que eligió a los magistrados de estos países y dejó fuera a los demás miembros de las salas que tomaron las decisiones cuestionadas. En el caso de Palestina también había un juez de Francia y en el de Afganistán participaron magistrados de Canadá, Polonia y Reino Unido (los dos últimos ya no trabajan para la CPI).
La Asamblea instó a los Estados miembros -125 países, entre los que no están Estados Unidos, Israel, Rusia o China- a “mantenerse firmes en su compromiso de defender los principios de justicia internacional y a mantenerse unidos en la defensa” de Corte, “sin dejarse intimidar por ninguna presión externa ni medida coercitiva dirigida contra la institución o su personal”.
Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.
Solo Rusia emitió represalias similares a las estadounidenses, después de la emisión de órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por la deportación de niños ucranianos a Rusia.
Moscú declaró en busca y captura a Khan y a los jueces vinculados a las órdenes de arresto contra Rusia: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez.
EFE
