En 2022 la situación de la justicia venezolana siguió ocupando la atención de seis instancias internacionales, las cuales pusieron en duda la efectividad de los supuestos cambios introducidos por las autoridades en dicha materia.
«Estas instancias dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, por cuanto en su mayoría han sido cosméticas«, es la conclusión del informe anual 2022 de Acceso a la Justicia, titulado El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, en el cual se da cuenta de los pronunciamientos y críticas lanzadas a lo largo del año pasado.
En el reporte se recuerda que la justicia venezolana terminó en el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), un puesto que comparte con países como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo, Estados que presentan graves déficits democráticos.
Se destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por décimo octavo año consecutivo, ubicó a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como la «lista negra» de los derechos humanos, debido a la injerencia que el Gobierno ejerce sobre otros poderes públicos, en particular la justicia, lo cual «ha derivado en la ausencia del Estado de derecho«.
En el informe de Acceso a la Justicia también se recuerda que la situación de la justicia fue abordada en extenso durante el III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que el país fue sometido en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a finales de 2021.
El combate a la provisionalidad reinante entre jueces, fiscales y defensores públicos figuró, como ya viene siendo costumbre desde hace años, en casi todos los informes y pronunciamientos de los distintos organismos internacionales.
En el informe 2022 se recuerda también que la anterior alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humamos, Michelle Bachelet, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela cuestionaron abiertamente la efectividad de las reformas legales e institucionales aprobadas por las autoridades en el ámbito judicial desde 2021.
Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dejó en claro su desconfianza en la justicia venezolana al pedirle a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado permiso para retomar sus averiguaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde 2017. Entre las principales razones que justifican sus dudas está el hecho de que las averiguaciones son incompletas (no abarcan a los superiores) y marchan a un ritmo lento.
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