La ONG Monitor Ciudad fijó posición ante la intención de la Asamblea l Parlamento de reformar la Ley Eléctrica vigente en el país, señalando que, en la coyuntura política que atraviesa el país, esto podría terminar convirtiéndose en más corrupción, y no en una solución real la tragedia eléctrica que hoy vive el país.
Jesús Armas, director de esta ONG, sentenció que frente al planteamiento que el nuevo instrumento legal se encargaría de la privatización y estimulación de energías alternativas, temas con los que coincide ampliamente; no son viables hoy en el país sin transparencia.
«Ninguna ley, por sí sola, va a poder resarcir los problemas de servicio eléctrico. Son los mismos (funcionarios) que han dilapidado 60% de lo invertido en el sector eléctrico entre los años 2000 y 2016, que sobrepasa los 23.000 millones de dólares», sentenció Armas citando a Transparencia Venezuela.
Tras asegurar que la grave crisis de apagones que se registran hoy, a lo largo y ancho del país, no obedece a un tema legal, sino de corrupción oficial, el también ex-preso político resaltó su preocupación por el hecho de que el actual régimen interino sea quien haga la operación de asignación de concesiones en esta área.
«El proceso de privatizaciones puede ser a la rusa, es decir, que los amigos del régimen, que los corruptos, se terminen quedando con los activos del país, que los rematen, y terminen vendiéndose a precio de gallina flaca a espaldas de los venezolanos», sumó.
Plan Global de Recuperación
En declaraciones a los medios de comunicación desde la Plaza Brión de Chacaíto, el experto en servicios públicos señaló que mientras no exista un Plan Global de la Recuperación de la economía nacional, será muy difícil establecer tarifas atractivas para inversionistas internacionales, lo que haría poco probable atraer capital al país.
«Una ley, como la que proponen hoy, no va a resolver los problemas de electricidad en el país, lo va a agravar (…) son las mismas personas que se robaron el dinero de la inversión eléctrica en el pasado», ratificó el portavoz.
Sala de Emergencia para la Crisis Eléctrica
Por su parte, Jesús Vásquez, también director de Monitor Ciudad, planteó la necesidad de instalar una Sala de Emergencia para la Crisis Eléctrica, en la que se refleje quienes están ejecutando los contratos, cual es el fondo de los recursos y cuál es el plan que se está ejecutando para resolver la crisis.
Dijo que esta sala de monitoreo debe incluir la participación ciudadana, y contar con la academia, universidades, colegios de ingeniería, gremios y sindicatos. «Necesitamos información pública para que podamos todos tener detalles de si efectivamente se están tomando las medidas para frenar la crisis», dijo.
Según Vásquez, el país hoy carece de 3.000 megavatios para la oferta del sistema eléctrico nacional, en virtud de lo que debería ser hoy lo más urgente. Esto, detalló Vásquez, superaría hoy los 5.000 millones de dólares.
Barcazas y generadores
Ante la interrogante de las medidas urgentes para paliar la crisis, Jesús Armas, agregó que urge declarar la emergencia humanitaria, y la instalación inmediata de barcazas y generadores eléctricos que puedan atender inmediatamente las zonas del país con los apagones más largos.
También apuntó Armas que hace falta apuntalar hacia el tema de la energía renovable para así hacer posible que, en poco tiempo, se termine la crisis eléctrica nacional.
