IPYS Venezuela dirigió una carta abierta al fiscal general Larry Devoe Márquez y a la defensora del Pueblo Eglé González Lobato en la que los insta a repudiar públicamente las agresiones contra la prensa y cumplan con su obligación de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. La organización recordó que el 9 de abril de 2026, el mismo día en que ambos funcionarios fueron juramentados, policías agredieron a diez reporteros y reporteras mientras cubrían una marcha hacia la sede del Poder Ejecutivo en demanda de salarios dignos.
En la misiva, IPYS Venezuela señaló que las designaciones de las nuevas autoridades ocurren en un momento crítico para la institucionalidad del país y subrayó que la ciudadanía y la comunidad internacional esperan actuaciones con independencia, autonomía y apego a la Constitución. Destacó que estos hechos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de agresión física documentado como una política sistemática de hostigamiento contra la prensa independiente.
La organización recordó que el Ministerio Público tiene el mandato de garantizar el respeto de los derechos constitucionales y que la impunidad incentiva la repetición de estos crímenes. Asimismo, instó a iniciar de oficio investigaciones contra los funcionarios identificados en los ataques del 9 de abril y a imponer sanciones proporcionales a la gravedad de las violaciones de derechos humanos.
También exhortó a la Defensoría del Pueblo a activar mecanismos de protección para los diez comunicadores afectados y emitir recomendaciones a los cuerpos de seguridad para prevenir nuevos hechos de violencia.
A continuación, el comunicado completo:
Caracas, 10 de abril de 2026
Ciudadano:
Larry Devoe Márquez
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
Ciudadana:
Eglée González Lobato
Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela
Sus Despachos.-
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, asociación civil dedicada la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información desde 2002, con énfasis en la protección del ejercicio del periodismo libre en el país, se dirige a ustedes en virtud de las responsabilidades que han asumido al ser juramentados, este 9 de abril de 2026, como Fiscal General de la República y Defensora del Pueblo.
Ciudadano Fiscal General de la República, ciudadana Defensora del Pueblo: sus designaciones ocurren en un momento crítico para la institucionalidad del país. La ciudadanía y la comunidad internacional esperan que ustedes actúen con independencia, autonomía y estricto apego a la Constitución.
El mismo día de su toma de posesión, mientras ustedes asumían el compromiso de salvaguardar el Estado de Derecho, funcionarios policiales atropellaron a ciudadanos que marchaban hacia la sede del Poder Ejecutivo en demanda de salarios dignos. Entre las víctimas de los excesos policiales se cuentan diez trabajadores y trabajadoras de la prensa.
Estos hechos no son incidentes aislados, pues corresponden a un patrón de agresión física ampliamente documentado por nuestra organización, como parte de una política sistemática de hostigamiento a la prensa independiente.
Ciudadano Fiscal General, bajo su dirección, el Ministerio Público tiene el mandato inexcusable de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como la celeridad de la administración de justicia. La impunidad de las agresiones contra periodistas solo incentiva la repetición de estos crímenes. Le instamos a iniciar de oficio las investigaciones correspondientes contra los funcionarios identificados en los ataques perpetrados el 9 de abril, asegurando que las sanciones no sean solo administrativas, sino proporcionales a la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas.
Ciudadana Defensora del Pueblo, su institución es el baluarte de la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos, y debe velar por el respeto de las libertades civiles. El derecho a la información es un derecho humano fundamental. Su despacho tiene la tarea de activar mecanismos de protección para los diez comunicadores afectados y emitir las recomendaciones necesarias a los cuerpos de seguridad para prevenir la recurrencia de estos actos violentos.
El libre ejercicio del periodismo está protegido por el Artículo 57 y 58 de nuestra Constitución, que prohíben la censura y garantizan el derecho a la información oportuna y veraz. Asimismo, recordamos a sus despachos que Venezuela está sujeta a estándares internacionales, como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la violencia contra periodistas y la destrucción de su material de trabajo violan los derechos fundamentales de las personas y coartan gravemente la libertad de expresión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática: el Estado tiene el deber de prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar conforme a Derecho las agresiones contra la prensa.
El silencio del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo ante estos hechos es equivalente a aquiescencia y a una renuncia al efectivo ejercicio de sus funciones como garantes de la legalidad y la constitucionalidad en Venezuela.
Los periodistas independientes en Venezuela han sufrido un hostigamiento sistemático durante más de dos décadas y en 2025 hubo un récord sin precedentes en la historia contemporánea del país: 25 profesionales de la prensa presos. Aunque los trabajadores y trabajadoras de la prensa fueron excarcelados, algunos de ellos siguen sometidos a procesos penales y a restricciones para el ejercicio de sus derechos. Además, a varios se les ha negado el beneficio de la amnistía promovido como un mecanismo de restablecimiento de libertades. Una de las tareas que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben asumir como prioridad es la aplicación de la ley sin discriminaciones y, en ese sentido, es inaceptable que la amnistía se convierta en una nueva forma de criminalización de la labor periodística.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, le instamos a:
1.- Repudiar públicamente las agresiones sufridas por los diez trabajadores y trabajadoras de la prensa el pasado 9 de abril de 2026.
2.- Garantizar el libre ejercicio del periodismo, asegurando que los cuerpos de seguridad respeten la labor de los reporteros en escenarios de protesta y movilización social.
3.- Establecer una mesa de trabajo con las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de libertad de expresión y el derecho a la información para revisar los protocolos de actuación policial y garantizar que no se repitan estos atropellos.
4.- Dar celeridad y transparencia al procesamiento de las denuncias interpuestas por las víctimas de estas agresiones, combatiendo la impunidad que ha imperado en casos similares en el pasado.
5.- Solicitar y lograr la libertad plena de todos los trabajadores de la prensa sometidos a procesos penales por el ejercicio del periodismo, bien sea por el decreto de sobreseimiento de las respectivas causas o por la aplicación de la Ley de Amnistía.
Ciudadano Larry Davoe Márquez, ciudadana Eglé González Lobato: la legitimidad de sus cargos no solo emana de su designación por parte de la Asamblea Nacional, sino del cumplimiento efectivo de sus funciones en defensa de la plena vigencia de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información. Aspiramos a que las gestiones que hoy inician estén marcadas por la justicia.
