La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la reinstitucionalización del país, en el marco de las negociaciones que iniciarán el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional de 2015 y el actual Parlamento de mayoría oficialista, debe comenzar por la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según la organización, esa agenda debería culminar en diciembre de este año con propuestas consensuadas para la reinstitucionalización del máximo tribunal. Sin embargo, precisó que el proceso de renovación del TSJ ya había comenzado meses antes, con un procedimiento de selección iniciado en abril que, para junio, había publicado una lista de 561 postulados a magistrados, además de 63 aspirantes a la Inspectoría General de Tribunales y 33 a la Escuela Nacional de la Magistratura.
Acceso a la Justicia denunció que ese procedimiento estuvo lejos de satisfacer los estándares mínimos de transparencia exigidos por la Constitución, al no precisarse cuántas vacantes debían cubrirse, a qué Salas correspondían, ni el baremo de evaluación, el cronograma completo o los criterios con los que serían valorados los aspirantes. La organización también cuestionó la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, que a su juicio no garantizó la independencia política de sus integrantes, así como la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que aumentó el número de magistrados a 32 y reforzó el control de la Asamblea Nacional sobre el proceso de selección.
La ONG propuso que, en el marco de la reinstitucionalización, la opción más acorde con la Constitución sería reformar la ley para desarrollar, por primera vez desde 1999, un procedimiento de designación de magistrados plenamente ajustado al texto constitucional, lo que implicaría dejar sin efecto el proceso adelantado hasta ahora e iniciar uno nuevo con reglas claras y participación de la sociedad civil.
Como alternativa, si se decide continuar el proceso desde la etapa en que quedó suspendido, Acceso a la Justicia planteó la necesidad de publicar el baremo de evaluación previsto en el artículo 73 de la LOTSJ, que consideró «la principal garantía de igualdad entre los aspirantes», así como habilitar la consulta de los expedientes de los candidatos en la sede de la Asamblea Nacional y reabrir el lapso de impugnación, suspendido tras el doblete sísmico del 24 de junio y el duelo nacional decretado posteriormente.
La organización propuso además constituir un comité técnico de expertos independientes, integrado por especialistas nacionales e internacionales, incluyendo representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que acompañe la evaluación de los candidatos sin sustituir las competencias del Comité de Postulaciones Judiciales ni de la Asamblea Nacional.
«Exigir transparencia, reglas claras, un baremo público y evaluaciones objetivas no es igual a defender a un candidato u otro. Significa defender el derecho de todos los venezolanos a contar con un Poder Judicial imparcial», concluyó Acceso a la Justicia.
