El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) documentó en su nuevo informe que en Venezuela quedó claro que «el poder asedia y criminaliza la labor de la prensa».
El reporte anual titulado «El asedio del Poder», recogió 249 casos que acumularon 380 violaciones a las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales en el país desde enero a diciembre de 2021.
En ese lapso, las agresiones y los ataques acumularon como categoría el mayor número de restricciones informativas al registrar 140 incidencias.
Tácticas contra la prensa
IPSY destacó que las descalificaciones y declaraciones contra la prensa crítica, alentadas por funcionarios públicos y actores del oficialismo. El hostigamiento sistemático, y los insultos y los señalamientos se usaron para acorralar la difusión de la verdad, se generó miedo, confino la información pública y estigmatizó el ejercicio periodístico.
En este ámbito, resaltaron que la censura sigue siendo la estrategia fundamental del régimen de Nicolás Maduro, durante los últimos 12 mese a Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) cerró nueve emisoras radiales, además de la suspensión o remoción arbitraria de 16 programas de radio y televisión.
En tanto los medios digitales se vieron afectados por los proveedores de internet en Venezuela (CANTV, Movistar, Digitel, Supercable, Inter y NetUno restringieron por medio de bloqueos de DNS y HTTP el acceso a los medios de comunicación.
El Pitazo, NTN24, VivoPlay, VPI, Noticia al Día, Armando.Info, Efecto Cocuyo, La Patilla, Alberto News, Caraota Digital, Monitoreamos, Aporrea, 2001, EVTV, Infobae, El Tiempo de Colombia, e InSight Crime fueron algunas de las páginas afectadas por las restricciones.
El instituto recomendó conceder garantías de protección efectivas a periodistas y defensores de derechos humanos para que no sean objeto de detenciones arbitrarias, procesos judiciales, agresiones. amenazas o intimidación por ejercer su labor.
Además pidió investigar los delitos contra la libertad de expresión, así como también garantizar la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación como componente fundamental del derecho a la información.
