Un informe del Miranda Center for Democracy, concluye que el gobierno colombiano de Gustavo Petro abarató el costo internacional del fraude electoral venezolano de 2024.
El documento analiza la política de Bogotá hacia Venezuela desde el restablecimiento de relaciones, en agosto de 2022, hasta la captura de Nicolás Maduro por EE.UU. el 3 de enero de 2026.
Según el informe, Petro no reconoció formalmente la reelección de Maduro, pero «tampoco hizo lo necesario para que el mundo la rechazara». Los autores aplicaron una sola prueba a cada acción de Bogotá: si elevó o redujo el costo internacional del fraude. Su veredicto es que, donde Colombia tenía margen de decisión, eligió la opción que lo reducía. Llaman a ese patrón whitewashing, o «blanqueo».
El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro con el 51,2% de los votos, sin publicar las actas que comprobaran esos resultados fraudulentos. Por el contrario, las actas de escrutinio que difundió la oposición daban cerca del 67% a Edmundo González y un 30% a Maduro. Durante la primera semana de protestas hubo más de 2.000 detenidos.
El informe recuerda que el canciller colombiano pidió verificación y auditoría al día siguiente. Petro tardó unas 55 horas en pronunciarse, mientras el presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó en minutos. Cuando habló, expresó dudas sobre el proceso y pidió un escrutinio verificable, sin reconocer la victoria de Maduro.
El documento señala como decisivo lo que vino después. El 31 de julio, Colombia se abstuvo en la OEA, y la resolución que exigía publicar las actas fracasó por un voto: obtuvo 17 de los 18 necesarios.
En comunicados con Brasil y México en agosto, el lenguaje pasó de exigir datos desglosados por mesa a hablar de la «conveniencia» de una verificación imparcial. El 16 de agosto, Colombia se sumó sin intervenir a una resolución de consenso en la OEA.
En la ONU, en septiembre, Petro mencionó a Venezuela solo como víctima de bloqueo. En la investidura de enero de 2025 no asistió, pero mantuvo relaciones y envió a su embajador.
Para los investigadores, reencuadrar un fraude documentado como una «disputa entre partes» y anteponer el diálogo a la exigencia de las actas dio tiempo a Maduro para consolidarse. Añaden que la ausencia de un bloque como el Grupo de Lima, del que Colombia fue fundadora, debilitó a la OEA y dio a la Unión Europea y a España razones para esperar.
El informe atribuye la postura de Bogotá a tres intereses: la afinidad ideológica, la agenda energética con PDVSA y, sobre todo, la política de Paz Total.
En noviembre de 2023, Petro anunció posibles empresas conjuntas entre Ecopetrol y PDVSA. Venezuela, además, era garante de las negociaciones con el ELN. Según inteligencia colombiana citada en el documento, también servía de retaguardia a esa guerrilla, con unos 1.276 de sus 6.158 miembros, y a disidencias de las FARC.
El texto recuerda otros gestos: el restablecimiento de relaciones sin condiciones, el nombramiento como embajador de Armando Benedetti, aliado político y no diplomático de carrera, y un discurso oficial que culpaba a las sanciones de la crisis venezolana.
Los autores describen la postura como «una disposición más que una estrategia». Hubo cuatro cancilleres en menos de tres años, pero todas las decisiones apuntaron en la misma dirección. Por depender de decisiones presidenciales, la consideran reversible.
El informe contrasta esa actitud con la reacción de Petro ante las elecciones colombianas de este año. Según el texto, tras perder su coalición la segunda vuelta por estrecho margen frente a Abelardo De la Espriella, el presidente denunció fraude y no asistió a la investidura.
Petro ha defendido su enfoque como una apuesta por el diálogo y la no injerencia. En septiembre de 2024 declaró que sin presentación de actas no habría reconocimiento del gobierno venezolano, postura que dijo compartir con Lula da Silva. En noviembre de ese año calificó la elección de «error» y cuestionó el «manejo oscuro» de los resultados.
Tras la abstención en la OEA, sostuvo que otros países no debían inmiscuirse en los conflictos internos de Venezuela. Sus críticos citan que, en octubre de 2025, en una entrevista, Petro afirmó que Maduro no se había robado ninguna elección.
