La organización no gubernamental Acceso a la Justicia advirtió que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de intervenir la Cruz Roja de Venezuela es un duro golpe para el sistema legal del país, pues comprueba que las autoridades venezolanas no han cesado sus intenciones de controlar a la sociedad civil, sino que también viola los principios de la organización humanitaria fundada en 1895.
A través de un comunicado alertaron que la imposición de una directiva va en contra de al menos dos de los siete principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja: El de neutralidad, que establece que «con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico».
El de independencia, el cual señala que «auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento».
Asimismo señalan de gravedad que la Sala, sin que la Fiscalía se lo solicitara, ordenó la reestructuración de la organización, lo que es algo muy peligroso para la libertad asociación, pues si en una organización hay problemas, deben ser sus miembros los que decidan como deben solucionarlo.
«Recordemos que la Cruz Roja venezolana está constituida como una asociación civil, y por tanto, deben ser sus asociados los que deben tomar las decisiones que impidan, si fuere el caso, la comisión de irregularidades y no mediante imposiciones una junta impuesta desde el estado venezolano,» destacaron.
La medida la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia número 1.057 del 4 de agosto, luego de que el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a través de una demanda de protección de intereses colectivos y difusos con medida cautelar innominada y subsidiariamente un amparo cautelar, para que interviniera temporalmente la organización caritativa y así facilitara las investigaciones que adelanta por presuntos malos tratos en contra de los voluntarios y trabajadores y por manejos irregulares de recursos que lleva contra quienes hasta ahora la han encabezado.
