El trato abusivo y las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han vuelto de otros países probablemente incrementará la transmisión del Covid-19, señalaron hoy Human Rights Watch junto con el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.
Ambas instituciones hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica.
Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo.
“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el Covid-19”, dijo la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros de Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”.
Desde que empezó la pandemia, alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país, en muchos casos atravesando difíciles circunstancias, según autoridades venezolanas y actores humanitarios.
Los gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito en 2018 con el propósito de plantear una respuesta común al éxodo venezolano. En la reunión programada para octubre, los países miembros deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios. Los representantes también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas – como la cuarentena domiciliaria – cuando sea viable.
A quienes ingresan en Venezuela se les exige permanecer en centros de cuarentena conocidos como Puntos de Atención Social Integral, o PASI. Los retornados entrevistados se alojaron en un total de 26 centros. De estos, 19 eran centros de recepción en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Bolívar. El resto se encontraban en Caracas y los estados Aragua, Falcón, Guárico, Vargas y Zulia.
Aunque las condiciones en los centros varían considerablemente, la mayoría de los retornados entrevistados indicaron que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación. Muchos también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón. Afirmaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y fórmula para niños y niñas pequeños.
El gobierno venezolano tiene la obligación de cuidar de aquellos que están en centros de cuarentena y está obligado a atender sus necesidades básicas, como el acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento, artículos de higiene y atención médica. Las condiciones que describieron los retornados en algunos centros no cumplen con sus necesidades básicas, y en algunas instancias su gravedad podría constituir trato degradante, el cual está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.
Es probable que las condiciones que describieron los retornados contribuyan a propagar el virus, señalaron Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins. El hacinamiento hace que el distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del coronavirus. En algunos casos, personas que ingresaron en los centros en distintos momentos o que estaban en distintas etapas del protocolo de testeo no estuvieron aisladas unas de otras. En hoteles utilizados como PASI, quienes estaban en cuarentena a veces compartían espacios comunes con huéspedes que no usaban mascarillas.
Obligar a las personas a quedarse más de 14 días exclusivamente para esperar los resultados de las pruebas de diagnóstico resulta innecesario desde una perspectiva de salud pública, es incompatible con las pautas de la Organización Mundial de la Salud y, en la práctica, equivale a una detención arbitraria.
Varios actores humanitarios indicaron que las condiciones en algunos PASI eran mejores que en otros. No se aplica ningún estándar común a todos los centros. Los centros son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, y las condiciones, al igual que el acceso para los trabajadores humanitarios, varían considerablemente dependiendo de quién esté a cargo.
“Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de Covid-19 en ambos lados de la frontera”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del Covid-19. No deben desaprovecharla”.
