El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P por sus siglas en inglés), elevó a Venezuela a la categoría «crisis actual» en su monitor de noviembre de 2020, alertando que en el país «están ocurriendo crímenes atroces masivos y se necesita una acción urgente».
Venezuela comparte este renglón con Afghanistan, Camerún, China, República Democrática del Congo, Mali, Burkina Faso, Birmania, Siria y Yemen.
La organización señala que «los hallazgos de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU (FFM) sugieren que la impunidad generalizada ha envalentonado a los agentes estatales para que siguieran perpetrando actos extrajudiciales, asesinatos, torturas y otros delitos. El estancamiento político entre el gobierno y los partidos de oposición está agravando aún más la crisis multidimensional. El gobierno de Maduro se niega a cooperar plenamente con el FFM y otros mecanismos internacionales de derechos humanos y ha seguido amenazando públicamente a los defensores de los derechos humanos y periodistas».
El GCR2P concluye que «el gobierno de Maduro no cumple con su responsabilidad de proteger todos los venezolanos independientemente de su afiliación política«.
Ante ello, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger pide a los Estados «seguir imponiendo sanciones selectivas a funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos, pero levantar las medidas que limiten el acceso de la población a bienes y servicios básicos».
Además, señala que «en la ausencia de mecanismos nacionales de rendición de cuentas, los eEstados también debería considerar la posibilidad de emprender acciones legales, incluso bajo su jurisdicción, dirigidas a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad».
