A los tribunales penales de Caracas. Allí irá el proceso seguido contra cinco efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Guárico, los cuales detuvieron, torturaron y exigieron US$ 5.000 a un mototaxista para no vincularlo con el Tren del Llano.
La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 136, dictada el pasado 26 de marzo, en la cual declaró “con lugar” la solicitud de radicación que los fiscales nacionales 32 y 34 con Competencia Plena le formularon.
“Los hechos que dieron lugar a la presente solicitud (…) pueden incidir en el juzgamiento de los mismos, en razón al impacto que han tenido en la localidad de San Juan de Los Morros, y a la forma como se desarrollaron, los cuales efectivamente se traducen en un efectivo obstáculo a la continuación regular del proceso, siendo que afectan el ánimo y la seguridad de todos los actuantes, impidiendo así que se pueda proferir una decisión ajustada a derecho”, argumentó el máximo juzgado en el dictamen redactado por la magistrada Elsa Gómez.
Los uniformados Eduard Trejo Rodríguez, Carlos Manuel Alagares, Wilfred Meza Ocanto, Jhosner Fermín Bernad y Jefferson Cheremos Rebolledos, adscritos al Grupo Antiextorsión y Secuestro número 34 del estado Guárico, están acusados de privación ilegítima, simulación de hecho punible, agavillamiento, trato cruel e inhumano. Junto a ellos también está siendo procesada la médico Yoherlin Infante, quien es señalada incurrir en el delito de falsedad de informe médico.
El caso se inició el 14 de febrero de 2024, cuando un mototaxista identificado como Gabriel (el Ministerio Público decidió reservar su verdadero nombre por razones de seguridad) fue a buscar un cliente en la capital guariqueña, quien lo contactó el día anterior y le pidió llevarlo a la sede del Ministerio Público. Sin embargo, cuando estaban en marcha, el sujeto sacó una pistola y lo apuntó, obligándolo a ingresar a la sede del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas).
Una vez en el recinto, los acusados colocan a la víctima “sobre un colchón que se encontraba sobre el piso, enrollan papel alrededor de sus muñecas y colocan sus manos atrás, mientras la cabeza sobresalía del referido colchón, el funcionario Cheremos, se sienta encima de Gabriel y con una bolsa negra comienza a asfixiarlo, dándole golpes por las costillas y el rostro lo cual provocó fractura del primer molar superior derecho”, se lee en el relato que los fiscales hicieron al TSJ.
Fabricando el expediente
Los militares le exigieron a la víctima US$ 5.000 para “no vincularlo con algún expediente o bandas delictivas” incluyendo el “Tren de Llano”, una cifra que el mototaxista aseguró no poseer.
Mientras Gabriel se encontraba detenido, “los funcionarios comenzaron a manipular su teléfono” y le enviaron mensajes a contactos de la víctima, entre ellos a otro mototaxista, al que le aplicaron la misma estrategia, de acuerdo con el relato que los fiscales hicieron al TSJ.
Asimismo, otro funcionario comenzó a agregar contactos a la agenda del teléfono del mototaxista, los cuales posteriormente fueron empleados por los imputados para un acta de experticia que permitiera vincular al detenido con miembros del Tren del Llano.
Dos días después, debido a los dolores que presentaba el detenido fue llevado al Hospital Israel Ranuarez Balza para someterlo a exámenes. Sin embargo, la doctora Yoherlin Infante Quintana lo declaró sano, aunque no acompañó su evaluación con fotografías. Y como la víctima continuaba quejándose de dolores fue llevado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, donde otra galena, cuya identidad se reserva, determinó que presentaba contusiones producto de golpes y agresiones.
Ante los hechos arriba narrados, el TSJ no dudó en afirmar que “(los) funcionarios a quienes se les confirió la función de preservar el orden social y proteger a los ciudadanos, actuaron con total desprecio a la protección de los derechos humanos que están llamados a preservar, por mandato constitucional, al someter a un individuo a una situación de privación ilegítima de libertad y tratos inhumanos, con la intención de coaccionarlo a realizar un pago monetario a cambio de no involucrarlo falsamente en hechos delictivos y (…) vincularlo a la organización delictiva conocida como el Tren de los Llanos”.
Este caso revela lo extendido del delito de la extorsión en Venezuela. Uno de cada cuatro venezolanos admitió que pagado dinero a un funcionario del Estado por algún trámite o evitar una sanción, reveló el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en diciembre de 2023.
