Foro Penal denunció este jueves que hay una «sistemática» violación del derecho a la defensa en Venezuela, donde a los presos políticos, en particular los que fueron detenidos después de las presidenciales del 28 de julio, se les ha impedido designar a un abogado de confianza.
El presidente de la ONG, Alfredo Romero, indicó en rueda de prensa que el sistema procesal penal y la Constitución establecen como «principio fundamental» que las personas puedan escoger a su abogado pero que, hasta el momento, a todos los detenidos en la crisis poselectoral se les ha «impuesto» un defensor público.
El activista explicó que, de acuerdo al artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, una persona en investigación o sus familiares pueden designar a su abogado, «y excepcionalmente es que se designa a un defensor público».
«Hemos acudido a centros de reclusión llevando las designaciones firmadas por familiares, (pero) no hemos tenido acceso a los detenidos en ninguno de los casos«, insistió.
Romero expresó su preocupación por esta situación, porque -sostuvo- implica una «violación al derecho a la defensa constitucional, que es un derecho humano».
Asimismo, denunció que estas personas desconocen los motivos por los cuales han sido detenidas y tampoco han tenido acceso a sus expedientes.
Según el Foro Penal, hay 1.976 presos políticos en Venezuela, de los cuales 1.848 fueron detenidos tras las presidenciales.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo que este registro de detenidos incluye 18 casos de los que no conocen su paradero. Aseguró que la ONG mantiene diligencias para ubicar a estos ciudadanos.
Con información de EFE
