Las familias de los reclusos aseguraron que “temen por el estado de salud de los privados de libertad” al no contar con las condiciones mínimas para su alimentación regular, informó el OVP, ONG que vela por los derechos humanos de los privados de libertad.
Según una investigación realizada por el OVP, con información obtenida a través de los privados de libertad, abogados, especialistas en salud y ONG, los presos en 34 cárceles del país sufren de desnutrición y “el hambre azota a la población reclusa venezolana”.
Carolina Girón, directora del OVP, recordó durante la presentación del informe, “que el Estado es el responsable de la alimentación de las personas que se encuentran bajo su custodia, debido a que es un derecho humano y está establecido tanto en la legislación venezolana como en las leyes, normas y pactos internacionales”.