Familiares de jóvenes venezolanos que murieron en manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro pidieron este miércoles en Madrid que no queden impunes esos «asesinatos».
También lamentaron que el presidente venezolano haya acabado en prisión, tras ser capturado por Estados Unidos, sin que la Corte Penal Internacional (CPI) llegara a pedir una detención internacional por crímenes de lesa humanidad en el marco de la investigación que abrió en 2018.
«Nicolás Maduro debe pagar todos estos asesinatos (…). Hay más de 10.000 víctimas en Venezuela, y todos merecen reparación y justicia», proclamaron las familias en una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que también intervinieron juristas para ahondar en el caso abierto hace casi ocho años en la CPI sobre los crímenes perpetrados contra la población venezolana.
En el encuentro, celebrado en un bufete de abogados y organizado por la asociación de periodistas venezolanos en España Venezuelan Press, las familias de jóvenes asesinados pidieron a la CPI celeridad para seguir con la investigación.
También instaron a los Estados adheridos al Estatuto de Roma, como España, a que emitan órdenes de captura contra Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad.
Familiares de Diego Fernando Arellano De Figueiredo; Paúl René Moreno Camacho; Daniel Alejandro Queliz Araca; David José Vallenilla Luis, Armando Cañizales Carrillo y Neomar Alejandro Lander Armas tomaron la palabra para hablar de la vida y muerte (en 2017) de esos jóvenes.
Demandaron además que Maduro, encarcelado en Nueva York tras ser capturado por fuerzas estadounidenses para juzgarlo por delitos relacionados con el narcotráfico, también sea enjuiciado por los asesinatos perpetrados contra manifestantes u opositores en Venezuela.
También pidieron que paguen por esos asesinatos los subalternos de Maduro que siguen gobernando en Venezuela o se encuentran impunemente en España, según denunciaron.
Lentitud en la Fiscalía de la CPI
El letrado Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, expuso que, antes de que Estados Unidos capturase a Maduro, la CPI tendría que haber atendido la petición de ordenar su arresto por crímenes contra la sociedad venezolana.
Censuró que el caso sobre Venezuela lleva abierto casi ocho años en la CPI, y que en otros como los relacionados con la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra de Israel contra Gaza sí se han dictado rápidas órdenes de aprehensión contra Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu, respectivamente.
Así, el abogado denunció la «lentitud» en el procedimiento venezolano por parte de la Fiscalía de la CPI y censuró «muy especialmente» la labor del fiscal jefe, Karim Khan, que se apartó en mayo de 2025 del cargo por una investigación sobre presunto acoso sexual.
Imbroda Ortiz tachó de «absolutamente erróneos» pasos que dio Karim Khan como visitar Venezuela y «dar la mano» a Maduro en el Palacio de Miraflores, al tiempo que aseveró que «esos crímenes de lesa humanidad continuados» perpetrados por el «engranaje» chavista «no pueden quedar impunes».
La CPI abrió en 2018 una investigación sobre Venezuela a raíz de que algunos países como Argentina o Perú pidieran al tribunal investigar si se habían cometido delitos de lesa humanidad en la nación caribeña desde 2014.
El Gobierno de Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema de justicia estaba llevando a cabo investigaciones internas. Sin embargo, la CPI rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en diciembre de 2025 una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, con el propósito de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.
El Estatuto de Roma, que se remonta a 1998, es el instrumento constitutivo de la CPI, donde se investigan y juzgan delitos como genocidio o crímenes de guerra y de lesa humanidad. EFE
