Cientos de pacientes venezolanos con cáncer pueden morir debido a la aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la ONU.
«La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar al extranjero para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían», dijeron los expertos en un comunicado.
Destacaron que, precisamente, viajar al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico.
Según los expertos en derechos humanos, este asunto se ha puesto en conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América y de otros países y entidades que siguen la aplicación estricta de las sanciones.
En el comunicado los relatores han hecho un llamado a todos estos países y entidades «para que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas cuyas vidas están ahora en peligro”.
También exhortan a esos países a “asumir la responsabilidad por el efecto que sus acciones tienen sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todas las personas del mundo».
En el origen de esta situación está el programa gestionado por la Fundación Simón Bolívar, el brazo benéfico de la empresa estadounidense Citgo Petroleum Corporation, que ayudó a pacientes con cáncer, entre ellos muchos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos para salvar sus vidas.
Cientos de estos pacientes que solían estar vinculados a un programa nacional de trasplantes con el Gobierno de Venezuela, vieron interrumpido su tratamiento cuando Estados Unidos negó el control de Citgo Petroleum Corporation al Gobierno venezolano.
Según datos aportados por los expertos, unos 190 pacientes con cáncer están en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero. Mientras tanto, unos 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020, esperando un tratamiento en el marco del programa.
Terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en su trato con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos. Como consecuencia, no se puede transferir dinero fuera de Venezuela, y algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento.
A continuación el comunicado completo:
