La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) reportó en su reciente informe anual que en el estado Bolívar las presuntas ejecuciones extrajudiciales se redujeron en 2021 al registrar 74 de estos casos en el 2021, mientras que en el 2020 fueron 208 las víctimas
Sin embargo, la ONG advierte que «esta disminución de casos narrados por la prensa no demuestra que los mismos hayan dejado de ocurrir, debido a que existe opacidad en la información pública sobre las violaciones al derecho a la vida, la falta de datos generados por el Estado, miedo colectivo, carencia de justicia y de reparación».
Detalla el informe publicado por CODEHCIU que Caroní fue el municipio que contabilizó más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales: 27 víctimas en 2021. Mientras que Piar se encuentra en el segundo lugar dentro del monitoreo al contabilizar 19 víctimas. Les siguen Angostura del Orinoco, que contabilizó 9 víctimas durante 2021; El Callao, municipio minero que registró 7 víctimas; Padre Pedro Chien y Sucre, con 4 cada uno; y en los últimos lugares, Cedeño registró 3 y Roscio 1.
Por otra parte, destacan que abril, mayo y julio fueron los meses de 2021 que contabilizaron más víctimas de presuntas ejecuciones con un total de 10 cada uno.
El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes potencialmente Ilícitas indica diferentes formas en las que el Estado pude violar la vida y la integridad. Una de estas se evidencia cuando la muerte de la persona sobrevino mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. En 2021 Codehciu registró un caso de este tipo en los calabozos de la Coordinación Policial de Guaiparo y dos en la Cárcel de Vista Hermosa.
Por otro lado, la GNB y el Cicpc actuaron en conjunto en la presunta ejecución de 12 personas durante 2021. Las actuaciones mixtas de cuerpos policiales y militares estuvieron vinculadas en la muerte de 17 personas en Bolívar.
Cabe destacar que ambas fuerzas represoras registraron mayor cantidad de víctimas durante procedimientos policiales. Ambos son presuntos ejecutores de 12 personas cada uno, en el estado Bolívar.
La organización exhorta al Estado venezolano a: investigar de manera imparcial toda muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial; sensibilizar a sus funcionarios en materia de garantías de derechos humanos; y garantizar la reparación de los familiares de las víctimas, que en la mayoría de los casos no logran alcanzar la justicia.
