El joven Gabriel José Rodríguez Méndez, de 17 años, no podrá asistir este martes 29 de julio a su acto de graduación de bachiller porque continúa detenido de manera arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Gabriel es uno de los cuatro adolescentes que siguen presos injustamente tras la ola represiva desatada por el régimen chavista luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Está recluido en el Centro Socioeducativo “Profesor Aristóbulo Istúriz”, en El Manzano, estado Lara.
Al joven se le impide designar un abogado de confianza y su familia denunció que la jueza del caso desechó su petición para asistir a la ceremonia de grado, a pesar de haber cursado y aprobado el segundo y tercer lapso desde prisión, con un promedio destacado de 18.31 puntos.
Por sus méritos académicos, Gabriel había sido escogido para ofrecer el discurso central en el acto de graduación. En lugar de eso, deberá presentarse este martes ante el tribunal en una nueva jornada del juicio en su contra, denunció el OVP.
El adolescente fue detenido el 9 de enero cuando salía de su trabajo en una panadería artesanal y se dirigía al ambulatorio de Cabudare por presentar fiebre. Funcionarios de seguridad lo interceptaron alegando que “tenía aspecto de guarimbero”. Fue imputado por los delitos de terrorismo, cierre de vías y promoción al odio, cargos comúnmente usados para criminalizar a manifestantes.
“Ha sido muy duro para él. Nos dice que no ha faltado a los mandamientos de Dios, y que no entiende por qué está preso mientras otros que sí cometieron delitos están libres”, relató un familiar al OVP. El joven cumplió años recientemente en prisión. Su familia había gestionado un permiso para llevarle una torta, pero la jueza también lo negó. Terminaron celebrando su cumpleaños sin él, y enviaron un pedazo del pastel a su celda.
El OVP exigió la libertad inmediata y sin restricciones de Gabriel Rodríguez y de los otros tres adolescentes que siguen encarcelados tras la represión postelectoral. También reclamó que el Estado venezolano investigue las denuncias de torturas, tratos crueles y detenciones sin garantías judiciales cometidas contra menores de edad.
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