El gobierno de los Estados Unidos fustigó este lunes al régimen de Nicolás Maduro en su último informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela.
«Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas afines conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos,» destacó el Departamento de Estado.
Asesinatos
El informe señala que el régimen de Maduro cometió homicidios arbitrarios, que fueron registrados por las organizaciones no gubernamentales.
«Las ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Fundación Gumilla documentaron 485 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año.»
Las asociaciones explicaron que «la policía estuvo involucrada en el mayor número de asesinatos con un 25 %, seguida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con un 20 %, y luego el Cuerpo Nacional Científico, Criminal e Investigador (CICPC) con un 19 %. El 63 %de las víctimas eran hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia reportó 104 muertes que involucraron a policías o fuerzas de seguridad de julio a septiembre, con la PNB involucrada en el 28 % de las muertes.»
Desapariciones
Durante el enero y junio del último año se registraron 246 desapariciones o secuestros en los estados fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas, según las investigaciones de la ONG FundaRedes, señaló el compendió de violaciones de derechos humanos.
No obstante “el régimen de Maduro siguió negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones. En 2020, el Grupo de Trabajo denunció 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”.
Torturas
Las fuerzas de seguridad alineadas a Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos subrayó el documento.
«La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, alineada con el régimen de Maduro, no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año,» esto a pesar de que varias ONG detallaron casos de tortura generalizada.
«Los grupos de derechos humanos y la FFM (Misión Independiente de Investigación) informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva.»
En este sentido remarcaron que «las personas alineadas con el régimen sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, huesos rotos, colgados de las extremidades y obligados a pasar horas de rodillas», bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; los hicieron permanecer esposados durante largos períodos de tiempo; y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares, además de ser trasladados por las fuerzas de seguridad del régimen a centros de detención clandestinos donde llevaron a cabo los abusos, siendo una práctica más frecuente en los presos políticos.
Presos políticos
Al 28 de noviembre de 2022 existían en Venezuela 277 presos políticos, de acuerdo a datos de la ONG Foro Penal.
«Los datos de Foro Penal reportados entre enero de 2014 y noviembre de 2022 mostraron que 15.777 personas fueron detenidas por motivos políticos y 875 civiles fueron procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar,» de las cuales 9.400 siguen sujetas a procesos penales arbitrarios por medidas cautelares.
La mayoría de los disidentes de consciencia se encuentran en las instalaciones del SEBIN, en Ramo Verde o en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte.
Libertad de expresión
Durante el último año continuó la persecución contra la libertad de expresión por parte del régimen de Maduro, pero esta vez aplicaron acciones legales en contra de los medios de comunicación.
«El 7 de febrero, un tribunal otorgó la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello después de que este presentara una demanda contra el diario por “daño moral” en 2015 tras la republicación del titular del medio español ABC España» sobre como el segundo del chavismo era buscado por narcotráfico.
El 10 de febrero, Cabello amenazó con ir tras el medio digital La Patilla luego de que informó sobre los presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico.
«Según un estudio de la ONG Un Mundo sin Mordaza, el 93 % de las personas encuestadas en el país considera que la libertad de expresión no se puede ejercer plenamente y el 26 % responde que nunca esta seguro al expresar su opinión o difundir información».
Hasta noviembre de 2022 CONATEL cerró más de 100 estaciones de radio en 14 estados, con 56 cierres solo en octubre, supuestamente no tener permisos para estar al aire o por no tener la autorización, un documento de concesión para el uso del espectro radioeléctrico, o ambos.»
En internet el régimen ejerce un amplio control a través de CONATEL, al implementar la censura a través de los principales proveedores de servicios y utilizar medios directos y sanciones administrativas para provocar el filtrado de HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), DNS (Sistema de nombres de dominio) o SNI (Indicación de nombre de servidor) por parte de CANTV.
El documento sostiene que no se tomaron ninguna de las medidas necesarias para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron violaciones de derechos humanos o participaron en actos de corrupción.
