El Diario La Voz, principal medio del estado Miranda, acumula 561 días sin operaciones tras una serie de decisiones administrativas y judiciales que sus representantes califican como arbitrarias y de trasfondo político.
El cierre se mantiene desde octubre de 2024, cuando funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenaron la clausura de todas las sedes en la entidad, pese a que la empresa sostiene que los comprobantes de pago de ISLR, IVA y otros tributos se encontraban en las instalaciones selladas.
Durante ese mes, el organismo fiscal solicitó documentación correspondiente a los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Días después, bajo presuntas instrucciones superiores, procedió al cierre total, alegando la no consignación de recaudos.
La medida estuvo acompañada de restricciones adicionales consideradas por el Grupo Editorial Matul 1999 C.A. e Inversiones Inmobiliarias Fontainegrees C.A. como desproporcionadas, entre ellas la prohibición de enajenar bienes, bloqueo de cuentas bancarias, suspensión de tarjetas de crédito, embargo preventivo de activos, impedimento de salida del país y restricción de devoluciones tributarias.
Tras agotar instancias administrativas, la empresa acudió al Tribunal Superior Sexto en lo Contencioso Tributario, que en diciembre de 2024 ordenó al Seniat abstenerse de mantener las clausuras y restituir el acceso al sistema fiscal, aunque dejó vigentes otras medidas.
En enero de 2025, representantes del medio reabrieron temporalmente sus oficinas para recopilar información, pero funcionarios del organismo se presentaron nuevamente, desconocieron el fallo y reinstalaron el cierre.
Posteriormente, directivos y asesores legales fueron citados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el marco de una investigación por presunto soborno, según la versión empresarial. El proceso incluyó múltiples comparecencias; uno de los implicados fue liberado, mientras otra representante legal permaneció detenida y fue sometida a juicio sin, según la defensa, elementos probatorios suficientes.
El expediente fue reactivado en febrero de 2025 con nuevos recaudos consignados por la compañía, pero terminó acumulado y remitido al Tribunal Supremo de Justicia, cuya Sala Político Administrativa validó los actos del Seniat en julio de ese mismo año.
Las restricciones continúan vigentes, las instalaciones permanecen cerradas y el personal se mantiene sin actividad laboral definida.
En paralelo, una abogada y un juez vinculados al proceso fueron detenidos y posteriormente absueltos tras una audiencia sorpresiva celebrada en marzo de 2026, quedando en libertad tras más de un año de reclusión.
La empresa aguarda la publicación formal del fallo para evaluar sus efectos sobre el expediente y definir los próximos pasos hacia una eventual reactivación del medio.
