La ONG Provea informó que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, son presionadas y amenazadas para que «admitan delitos que el Ministerio Público (MP) les ha imputado sin pruebas» y «sin garantías» al «debido proceso», según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.
A través de X, la ONG informó que los familiares denunciaron que «agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal», incluso -agregó la ONG- mediante «el sometimiento a torturas y tratos crueles», que incluyen «golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas».
«Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos», señaló Provea, sin precisar si recibió algún tipo de prueba, además de los testimonios de familiares, para sustentar la afirmación.
Atención.
Recibimos denuncias de familiares de personas detenidas arbitrariamente en protestas postelectorales del 28J #Venezuela:
Indican que dentro de las cárceles Tocuyito, Tocorón, Rodeo y Las Crisálidas, se presiona y amenaza a los detenidos para que admitan delitos que el… pic.twitter.com/qG7NkUraF9
— PROVEA (@_Provea) October 11, 2024
Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el «concepto de tortura y tratos», así como «penas crueles», no se limita a «prácticas de violencia física o psíquica», sino que incluye también «condiciones de detención que no respetan la dignidad humana», como «casos de hacinamiento» y «malas condiciones de reclusión», entre otras.
Según Provea, las denuncias de los familiares proceden de detenidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Señaló la organización que las personas detenidas están siendo «acusadas de terrorismo», un delito que, según la legislación venezolana, contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.
«El elevado número de personas acusadas de terrorismo por la administración de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como ‘abuso crónico’ de la legislación antiterrorista», manifestó la ONG.
Con información de EFE
