La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, alertó que el informe aprobado en segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía continúa siendo insuficiente y conserva riesgos significativos que deben ser advertidos con claridad. Tras revisar el texto actualizado, señaló que, aunque incorpora algunos ajustes formales, no corrige los problemas estructurales que impiden que la amnistía sea efectiva, integral y garantista.
Solórzano explicó que el proyecto mantiene una limitación estricta al circunscribir su aplicación únicamente a hechos calificados como “violencia por motivos políticos”, restringidos a momentos específicos previamente enumerados. A su juicio, esta delimitación resulta incompatible con el amplio período de persecución que el propio documento dice abarcar y deja por fuera múltiples manifestaciones de criminalización política que no encajan en esos episodios puntuales. Además, sostuvo que el texto no aborda la dimensión estructural de la persecución desarrollada durante años.
La dirigente también llamó la atención sobre una disposición que calificó como “especialmente delicada”: la exigencia de que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho” para poder beneficiarse de la amnistía. Aunque esta cláusula no fue aprobada en la sesión más reciente, Solórzano insistió en que debe ser observada con atención. Recordó que la amnistía no es un acto de juzgamiento ni de imposición de pena, sino una decisión legislativa que extingue la acción penal y elimina la punibilidad de determinados hechos, por lo que no requiere comparecencia para garantizar defensa alguna. Condicionar su eficacia a la presentación ante un tribunal —advirtió— desnaturaliza la figura y subordina la amnistía al mismo sistema judicial que ejecutó la persecución, afectando directamente a exiliados y personas con órdenes de captura.
Solórzano señaló que el proyecto mantiene exclusiones y omisiones graves, entre ellas la ausencia de cualquier referencia a los hechos derivados de la Ley Simón Bolívar, la Ley Contra el Odio y otros instrumentos utilizados para criminalizar la disidencia. Tampoco contempla la derogación de estas normas represivas, que permanecen vigentes, ni el levantamiento de inhabilitaciones políticas o la anulación de sanciones administrativas impuestas por razones políticas.
La dirigente advirtió que la amnistía prevista no operaría de manera automática, ya que su aplicación quedaría sometida a verificación judicial caso por caso y a un sistema de recursos que incluye apelaciones. Esto significa que la libertad no sería inmediata, sino que dependería nuevamente del mismo Poder Judicial que ha sostenido la persecución. Aunque el seguimiento del proceso quedaría en manos de una comisión especial de la Asamblea Nacional, Solórzano subrayó que lo determinante es que no se desmonta la estructura jurídica que permitió la criminalización de opositores. Al no derogarse el marco normativo represivo y mantenerse el carácter taxativo del artículo 6 sin ampliaciones sustantivas, la arquitectura de control permanece intacta.
Solórzano recordó que, aunque hasta ahora solo se ha aprobado el texto hasta el artículo 6, este es el momento para formular con firmeza las observaciones necesarias. “Rectificar a tiempo es una obligación política y jurídica si realmente se aspira a una amnistía efectiva, integral y garantista”, afirmó. En su pronunciamiento, reiteró que una amnistía verdadera debe garantizar libertad inmediata y efectiva, retorno seguro de los exiliados, restitución plena de derechos políticos, levantamiento de inhabilitaciones y sanciones administrativas, desmontaje del marco legal represivo y garantías de no repetición.
Finalmente, insistió en la exigencia de liberación sin más dilaciones de todos los presos políticos y en el restablecimiento pleno del orden constitucional como condición indispensable para una transición democrática real. “La amnistía no puede convertirse en una excusa dilatoria para postergar la libertad”, concluyó.
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He revisado el informe de segunda discusión del Proyecto de Amnistía.
Aunque introduce algunos ajustes formales, el texto sigue siendo insuficiente y mantiene riesgos importantes que deben advertirse con claridad.
El proyecto continúa…
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 12, 2026
