La encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, instó este sábado 9 de mayo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la creación de una doctrina jurídica que reconozca la «diversidad como un derecho humano fundamental».
Durante su intervención en el acto del balance a 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, Rodríguez enfatizó que el país espera un avance en esta materia. «Quiero pedirle aquí, frente a la sexodiversidad, quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quiero una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental. Quiero pedirle a la Sala Constitucional que demos ese aporte al país, nuestro país lo espera. Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso», afirmó frente a activistas LGTBI presentes en el acto.
Homofobia y transfobia institucional
La petición de Rodríguez ocurre en un contexto de profunda deuda histórica con la personas LGBTI en Venezuela y toca puntos sensibles que han permanecido engavetados en los organismos del Estado por décadas.
Respecto a la identidad de género, ya han pasado 16 años desde la reforma de la Ley de Registro Civil sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) implemente los mecanismos para el cambio de nombre de personas trans, forzándolas a una «muerte civil» cotidiana.
En cuanto al matrimonio igualitario, el Código Civil sigue excluyendo a las parejas del mismo sexo, mientras que los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional no han prosperado.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ han denunciado que Venezuela es una «isla de desigualdad» jurídica, señalando que mientras los países vecinos avanzan, el Estado venezolano mantiene una arquitectura de omisión.
Solo en el primer semestre de 2025, el Observatorio documentó cerca de 150 casos de violencia y discriminación. Los datos son alarmantes: durante 2024, el 43,18% de los hechos violentos contra las personas LGBTI fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado.
Además, la criminalización de la sociedad civil por parte del régimen chavista, con la aprobación de leyes contra las ONG, llevó al cierre de operaciones de organizaciones históricas como Venezuela Igualitaria y Venezuela Diversa entre finales de 2024 y mayo de 2025. Asimismo, discursos discriminatorios emitidos por altas figuras del sistema de justicia, incluyendo al Fiscal General, han sido señalados por legitimar la violencia institucional.
En el último año, activistas LGBTI como Yendri Velásquez sufrieron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la anulación arbitraria de sus pasaportes. En el caso de Velásquez, además, luego de exiliarse en Colombia fue víctima de un atentado armado en el que sobrevivió tras recibir ocho impactos de bala. Defensores de derechos humanos han denunciado que se trataría de un caso de represión transnacional que involucraría al régimen chavista.
Delcy Rodríguez instó al TSJ a establecer una "doctrina sobre la diversidad como derecho humano" https://t.co/jcPRFDozra pic.twitter.com/RqwJn6W9vU
— Monitoreamos (@monitoreamos) May 9, 2026
