La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, firmó el lunes 2 de noviembre el reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras 19 años de retraso desde la promulgación de la ley en 2007.
Rodríguez firmó el reglamento durante una reunión en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, durante un encuentro con mujeres venezolanas, del que participaron la vicepresidenta sectorial Anabel Pereira, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, y la ministra para los Abuelos y Abuelas de la Patria, Magally Viña.
En el marco del Plan Venezuela Mujer, Rodríguez ordenó instalar una casa de abrigo en cada municipio y pidió también una casa para los adultos mayores.
La encargada del régimen afirmó que todos los días deben ser «violetas», como la vida de la mujer libre de violencia. «Que la mujer sepa dónde puede ir, que la mujer sepa con quién puede contar, quién la puede escuchar y quién la puede acompañar en esta batalla», dijo.
La ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció el «cumplimiento exitoso» de la primera fase de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática. Dijo que el proceso implicó un «gran esfuerzo de debate y construcción de consensos» para lograr «los mejores reglamentos posibles».
En el mismo acto, Rodríguez firmó otros tres reglamentos: el de la ley de Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, el de la ley de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y el de la ley de Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista.
Casi dos décadas de mora
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU ya había denunciado la deuda del Estado venezolano. En sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Venezuela, examinado el 18 de mayo de 2023, expresó preocupación por «la falta de reglamentos y protocolos con una perspectiva de género» para aplicar la ley.
El Comité instó al Estado a adoptar «los reglamentos y protocolos con perspectiva de género necesarios» para la aplicación de la ley. También le pidió información por escrito en un plazo de dos años sobre las medidas tomadas al respecto.
La Cedaw dijo entonces estar «profundamente» preocupada por la «elevada incidencia» de la violencia de género. Citó la persistencia de femicidios, desapariciones y violencia psicológica y sexual, además de la falta de datos estadísticos sobre estos casos.
El Comité también observó que el país tenía solo 5 centros de acogida para víctimas, aunque la ley exige al menos uno por departamento. Recomendó aumentarlos «sin demora» y con financiación adecuada.
La Cedaw señaló además que la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no había entrado en funcionamiento y que sus miembros no habían sido nombrados. Recomendó designarlos de forma «transparente, inclusiva y representativa», con cinco puestos reservados a representantes de la sociedad civil.
El Comité recomendó asimismo una «cooperación significativa» entre las entidades estatales y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil «de diferentes signos políticos».
