El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, prometió este miércoles impulsar la revisión de los retrasos por parte de otros organismos del Estado en temas relacionados a los derechos de las personas LGBTI.
Tras más de 48 horas de protesta frente a su despacho, por parte de un grupo de activistas que se encadenaron en la plaza Morelos, Ruiz dijo que se comprometía a:
- Revisar todos los casos y denuncias sobre sanciones implementadas por los órganos de justicia militar para sancionar la sexodiversidad o las prácticas homosexuales.
- Revisar los retardos en las respuestas a las denuncias y demandas que han presentado personas o movimientos sociales ante el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente las que tienen que ver con el cambio de nombre en el Registro Civil.
- Impulsar la reforma o nulidad del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que penaliza con uno a tres años de cárcel a los funcionarios de la Fuerza Armada que comenta «actos contra natura».
- Propiciar que se escuchen las opiniones de los representantes de los movimientos sociales sexodiversos en la Asamblea Nacional, en sesiones o reuniones ante la Comisión de Desarrollo Social o ante la Comisión de Familia.
La noche del martes, luego de 38 horas de encadenamiento, Alfredo Ruiz se acercó al campamento improvisado por los manifestantes para intentar convencerlos de que levantaran la protesta.
Los activistas lo confrontaron y denunciaron la omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN), que no han permitido que se avance en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.
“Lo que estamos pidiendo es el acompañamiento, pero el acompañamiento desde querer defender los derechos humanos de esta población, no el excusar al Estado venezolano. La Defensoría del Pueblo se construyó como un órgano para que le garantice los derechos humanos a la población, para que vele por la vulneración de derechos”, reclamó Cody Campos, uno de los activistas encadenados.