La organización no gubernamental Convite A.C. presentó los resultados y reflexiones del Proyecto Monitoreo del Acceso a la Salud en Venezuela y el Envejecimiento Poblacional en Venezuela, correspondiente al período 2020-2021.
Durante este año, la organización ha continuado con las mediciones mensuales del Índice de Escasez de Medicamentos (ÍEM), a través de la incorporación de más ciudades y la variable precio, necesaria para medir el grado de accesibilidad. Del mismo modo mantiene la documentación y registro de las necesidades de las personas mayores institucionalizadas, a través de la Evaluación de Condiciones de Funcionamiento y Necesidades Urgentes de las Entidades de Atención y Cuido de Personas Mayores, que abarca 14 ciudades.
“Por segundo año consecutivo evaluamos las condiciones de vida y salud de los adultos mayores en Venezuela y los resultados no dejan de alarmar. Tenemos que 86% de adultos mayores están en condición de pobreza, si bien 70% tiene una pensión de vejez, debemos denunciar desde Convite que estas asignaciones no tienen ninguna capacidad adquisitiva, no permite que las personas mayores puedan adquirir alimentos, medicamentos y puedan tener calidad de vida, es decir, no permite que puedan proveerse los bienes y servicios más básicos para subsistir”, señala Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite.
En la investigación realizada se pudo constatar que más de 80% de las personas mayores entrevistadas requieren tomar algún tipo de medicamentos, pero solo 5% de los encuestados puede conseguirlos con regularidad.
Por otra lado, si bien la escasez de medicamentos se ha reducido, como se pudo constatar en el monitoreo del mes de junio, esto no garantiza el acceso, debido a los bajos ingresos que perciben las personas mayores. El precio promedio del losartán potásico de 30 tabletas, que es uno de los medicamentos inidicados para la hipertensión, supera los 18 millones de bolívares, es decir, más del monto de dos pensiones.
En ese sentido, Ruiz sostiene que el panorama de salud se ve agravado debido a los bajos ingresos, el proceso inflacionario y a decisiones que han impedido que estas personas puedan costear sus propios gastos o que la industria farmacéutica pueda activarse.
