En consulta pública y a la espera de la rúbrica del Alcalde Darwin González se encuentra la Ordenanza de Contaminación por Ruidos en el municipio Baruta, la cual fue aprobada en segunda discusión por la el Concejo Municipal, así lo dios a conocer el representante del poder legislativo Luis Aguilar Jaimes.
El edil capitalino explicó que el texto legal fue debatido con más de 65 asociaciones de vecinos, y comerciantes, busca controlar y evitar los ruidos molestos.
Aguilar explicó que hay locales o personas naturales que exceden los límites de decibeles establecidos en la ordenanza vigente, y por lo tanto se pretende reforzar las sanciones al igual que controlar la contaminación sónica. Agregó que la norma le da competencia exclusiva a la policía local, la cual recibirá y atenderá las denuncias.
«Se está pidiendo ahorita mediante un sonómetro hacer las mediciones correspondientes. Hay decibeles que se establecen, y hay multas de acuerdo a el tipo de falta que se cometa. Por ejemplo, hay gente que para los carros en la calle y pone las cornetas a todo volumen, eso está regulado».
El presidente de la cámara municipal manifestó que el baruteño es un ciudadano sano, y que dentro del 98 por ciento son trabajadoras que salen la calle y respetan las normas. Sin embargo, hay otro dos por ciento que no lo hace.
Aguilar señaló que están a la espera de las observaciones y/o firma del burgomaestre de Baruta, para poder promulgar la ordenanza, y posteriormente dar un mes de vacatio legis para ejecutar la norma.
«Dentro de las sanciones, van desde llamados de atención, hasta sanciones pecuniarias altas. Esta cámara se ha dedicado a trabajar conjuntamente con los órganos de la Alcaldía para tratar de controlar estos ruidos, y tomar las medidas correspondientes».
El texto legal tipifica sanción a locales con fines sociales, sanción a edificaciones en construcción, sanción a fuentes móviles, y estipula, sanciones pecuniarias que van de 5 a 20 Petros, que equivaldrían a un estimado de Bs. 6.079, $ 1.200 aproximadamente.
Igualmente, la reforma de la ordenanza contempla que el destino de los montos por las infracciones será distribuido entre el funcionario actuante, todos los funcionarios de la Policía Municipal, y el Tesoro Municipal.
