Las empresas y comercios afectados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela continúan acumulando obligaciones tributarias, pese a las dificultades para reanudar sus actividades, advirtió Andy Oropeza, asesor empresarial en materia tributaria, financiera e inversión.
Durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, Oropeza señaló que, tras la emergencia, el sector esperaba un decreto con medidas especiales para las zonas afectadas, especialmente en La Guaira, donde se concentra una importante actividad comercial y aduanera.
Sin embargo, indicó que hasta ahora las prórrogas han sido otorgadas únicamente por las alcaldías.
El asesor explicó que el Código Orgánico Tributario contempla mecanismos para atender situaciones de fuerza mayor, entre ellos un decreto de emergencia del Ejecutivo nacional o una providencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) dirigida a los contribuyentes o sectores afectados.
A su juicio, los contribuyentes perjudicados por los terremotos no deberían ser sancionados por incumplimientos temporales de sus deberes formales, como la presentación de declaraciones, debido a las consecuencias de la emergencia.
“Por fuerza de causa mayor no deberían sancionar a nadie”, afirmó.
Oropeza aclaró que una eventual exoneración de sanciones no implicaría que las empresas queden liberadas de sus obligaciones tributarias. Una vez que puedan reanudar sus actividades y ponerse al día administrativamente, deberán cumplir con las declaraciones correspondientes.
Obligaciones tributarias siguen acumulándose
El especialista advirtió que los impuestos continúan generando obligaciones para las empresas afectadas por el desastre, incluidos los tributos municipales y las contribuciones parafiscales.
Precisó que incluso cuando una empresa presenta una declaración en cero debe pagar un mínimo tributario municipal, cuyo monto depende de la actividad económica y del municipio donde tenga su domicilio.
Ante este escenario, los empresarios afectados esperan que se establezcan medidas nacionales que les permitan enfrentar las obligaciones acumuladas mientras avanzan en la recuperación de sus negocios tras los terremotos.
