El Colegio de Abogados de Caracas presentó una propuesta técnica para enfrentar la crisis operativa del sistema registral venezolano y planteó una reestructuración integral del Sistema de Registros y Notarías.
La iniciativa, trabajada desde 2022 por la Comisión de Registros y Notarías de la institución, contempla dos líneas de acción: medidas de contingencia de aplicación inmediata y reformas legislativas orientadas a modernizar la función pública notarial y registral.
La propuesta fue presentada durante una jornada de consulta gremial encabezada por la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvett Lugo, y el coordinador de la Mesa de Registros y Notarías, Emilio Bolívar, quienes formalizaron el documento que plantea modificar la Ley de Registros y Notarías vigente.
“En Venezuela no existe un verdadero sistema registral, sino un archivo de documentos desconectados e ineficientes”, afirmó Bolívar.
El diagnóstico de la comisión señala que las modificaciones implementadas por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) bajo el argumento de la digitalización no han resuelto los problemas de lentitud e ineficiencia que enfrentan ciudadanos y abogados para autenticar documentos o registrar empresas.
El gremio también planteó adecuar la legislación venezolana a estándares internacionales, al señalar que en otros países de la región los trámites inmobiliarios y mercantiles pueden realizarse completamente de forma digital, con procesos más ágiles y costos inferiores.
Entre las medidas inmediatas propuestas figura la revisión del cálculo de la Planilla Única Bancaria (PUB) para desvincularla del Petro y establecer un sistema de autocálculo transparente en el portal web del SAREN. También se plantea modernizar los medios de pago para permitir transferencias, criptomonedas y otros mecanismos electrónicos en sustitución de los cheques bancarios.
El plan contempla además limitar la actuación de los revisores a la verificación de requisitos formales, utilizar la Cédula Catastral como base única para el cálculo de las tasas y establecer programas de capacitación continua para el personal.
En materia legislativa, la propuesta plantea separar las competencias de las notarías públicas de las correspondientes a los registros inmobiliarios y mercantiles. También propone establecer criterios de idoneidad ética y académica para la designación de registradores y notarios, así como restablecer la fianza profesional obligatoria para que los funcionarios respondan patrimonialmente por fallas u omisiones negligentes.
Para facilitar el desarrollo empresarial, el Colegio de Abogados propone adoptar estándares que permitan agilizar la constitución de empresas, eliminar la potestad discrecional para rechazar compañías por supuesto “capital insuficiente” y establecer plazos legales para evitar dilaciones injustificadas.
La Comisión de Registros y Notarías también instó al SAREN a crear un Instituto de Estudios Registrales destinado a la formación técnica, gerencial y ética de sus funcionarios. Asimismo, recomendó incorporar el Derecho Registral y Notarial como asignatura en las carreras de Derecho y promover especializaciones de cuarto nivel en esta área.
“Esta propuesta sistematiza los reclamos recurrentes del gremio y de la ciudadanía. De implementarse este paquete de medidas, Venezuela avanzaría hacia un modelo de gestión pública caracterizado por la transparencia, la simplificación de trámites y la certidumbre jurídica indispensable para el desarrollo económico”, concluyó Bolívar.
