Una reciente solicitud de arbitraje de la multinacional Kellogg contra Venezuela hace resurgir un caso en el que, según expertos, el país tiene todas las de perder, tras un lustro de haber «expoliado» la planta de esta empresa en la nación, donde el Estado produce, sin autorización, cereales con los nombres, logotipos e imágenes de las marcas originales.
El 9 de noviembre, la británica Kellogg Latin America Holding Company (One) Limited, subsidiaria de la compañía estadounidense, solicitó ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) la iniciación del procedimiento.
En 2018, Kellogg cesó sus operaciones, afectadas por la crisis en el país, que cerró ese año con una inflación del 130.060 %, una decisión tras la que el mandatario Nicolás Maduro, en plena campaña presidencial, ordenó «entregar» la planta a los trabajadores para que continúe produciendo «sin ningún problema».
Cinco años después, estos productos se siguen comercializando, con las imágenes de los tradicionales personajes de la empresa, como el tigre Tony, el gallo Cornelio y el tucán Sam, en las cajas, junto con referencias del Gobierno, como la fase «Juntos todo es posible», de la campaña presidencial de Maduro en 2018.
Los paquetes tienen los nombres de esta planta como usuario en redes sociales, donde se comparte información gubernamental, un logotipo que dice «Kellogg, hecho en socialismo» y contenido sobre la campaña del referendo del 3 de diciembre sobre la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo.
Crónica de una demanda anunciada
Según el abogado Cástor González, «en cualquier momento iba a ocurrir» un «reclamo formal» por parte de Kellogg ante la continuidad de las operaciones con la «utilización no autorizada» de sus símbolos.
«Estamos en presencia de una suerte de crónica anunciada», dijo a EFE el jurista, especialista en propiedad intelectual.
Explicó que, detrás de cada marca, y principalmente «en la industria alimenticia», hay «todo un esfuerzo importante de investigación y desarrollo y de controles de calidad», pues «se trata, nada más y nada menos, de productos que van a ser ingeridos por un ser humano», algo «altamente delicado».
«En Venezuela, desde que el poder Ejecutivo asumió el control de esa operación, Kellogg no tiene ningún tipo de supervisión sobre eso (…) y no tiene cómo responder ante el consumidor por esas marcas por las que tanto ha invertido», dijo.
Tras cesar operaciones, Kellogg advirtió que la planta en el estado Aragua (norte) fue «tomada por el Gobierno», por lo que «no se hace responsable» del «uso que se haga de sus instalaciones y equipos, de la seguridad de los operarios» ni «de la calidad de los productos».
En 2019, dijo que ejercería «las acciones legales pertinentes» por la apropiación de sus activos y el uso indebido de la marca.
Sin argumentos a la vista
González no ve «qué justificación» puede presentar el Estado a lo que ha sido la «utilización de estas marcas o de estos elementos protegidos por la propiedad intelectual».
«Yo no observo que haya alguna razón o justificación por la cual el Gobierno venezolano deba hacer uso de las marcas de esta compañía (…) Ya han pasado varios años, perfectamente han podido salir adelante con una marca distinta (…) No observo un buen pronóstico para el país», aseguró.
Por otra parte, la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico de Cedice Libertad e investigadora del Observatorio de Propiedad, dijo a EFE que la toma de las instalaciones fue, en realidad, un «expolio», un «despojo violento de la propiedad», y «no una expropiación».
Explicó que, en las expropiaciones, «hay una transferencia de la propiedad» a través de un procedimiento, con «intervención judicial y, además, un justiprecio».
Aseguró que el caso de Kellogg «no es aislado», ya que «ha habido» otros, como el de la estadounidense Kimberly Clark, como parte de una «política sistemática de destrucción de la propiedad» aplicada «desde el año 2005».
Poca probabilidad de prosperar
Ante el Ciadi, Kellogg invocó un acuerdo suscrito en 1995 entre el país caribeño y el británico para la «promoción y protección de inversiones», según el cual las controversias podrán ser sometidas «a arbitraje internacional», en caso de que «no sean resueltas amigablemente».
Sin embargo, Rondón duda de que la solicitud de Kellogg avance en el Ciadi, cuyo convenio fue denunciado por Venezuela en 2012, lo que -aseguró- causó que años después fuera «desestimado» el caso de Kimberly Clark en esta institución de arreglo de diferencias.
Esta, prosiguió, es «una de las razones por las cuales han mermado las demandas ante el Ciadi en los últimos años», porque tienen «poca probabilidad de éxito», aunque Kellogg «tendría otras instancias para acudir», donde «tenga mayores posibilidades» de que el caso avance, agregó Rondón.
Por Carlos Seijas Meneses / EFE
