La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) dieron seguimiento a los graves impactos humanitarios de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, y llamaron al régimen chavista a garantizar los derechos humanos de manera integral y transparente, tanto en la fase de emergencia como en los procesos de recuperación y reconstrucción posteriores.
El organismo señaló que los sismos ocurrieron en un contexto preexistente de ausencia de Estado de derecho y emergencia humanitaria que limita la capacidad estatal de respuesta, marcado por el deterioro sostenido de la democracia, patrones de represión y persistente escasez de servicios básicos. Según su informe anual, en 2025 alrededor de 20 millones de personas vivían en pobreza multidimensional en Venezuela, y en 2024, 13,5 millones enfrentaban necesidades críticas.
La CIDH advirtió que existen vacíos estadísticos que impiden comprender el alcance real de las afectaciones. Según el comunicado oficial del régimen, al 24 de julio habían fallecido al menos 5.546 personas, 16.740 resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas y 128.324 familias afectadas habrían recibido auxilio estatal. El organismo señaló que no existe información oficial consolidada sobre personas desaparecidas, mientras la sociedad civil reporta al menos 29.484 personas con las que aún no se ha logrado establecer contacto.
A tres semanas de la emergencia, la CIDH expresó preocupación por la presión crítica sobre el sistema hospitalario, las dificultades de acceso al agua potable y saneamiento, y la necesidad urgente de atención en salud mental. El organismo también documentó limitaciones en la remoción de escombros, la identificación de personas fallecidas y la entrega de restos a sus familiares, con sobrecarga de morgues y barreras económicas para acceder a servicios funerarios.
Según cifras oficiales citadas por la CIDH, al menos 17.907 personas habrían perdido su vivienda, y 107 campamentos transitorios fueron habilitados en Caracas, La Guaira y Miranda, donde se denuncia alta ocupación, problemas de seguridad e insuficiencia de servicios de agua e higiene. La ONU, por su parte, reportó riesgos de protección en los albergues y un incremento en las cargas de cuidado para mujeres y niñas.
El organismo recibió además información sobre restricciones de acceso a zonas afectadas para la prensa, obstáculos al funcionamiento de centros ciudadanos de acopio, retención de insumos destinados a las comunidades, la revocación de permisos a un equipo médico internacional y la retención de vehículos con suministros, según documentó la sociedad civil. La CIDH también expresó preocupación por reportes de posibles traslados no voluntarios de personas afectadas hacia otros estados del país, sin información pública sobre los protocolos aplicables.
La Comisión recordó que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y responder de manera oportuna a los impactos de los desastres, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos, y urgió al régimen chavista a ofrecer información pública, oportuna y verificable sobre la magnitud de la emergencia.
El organismo llamó también a garantizar que cualquier medida de traslado o reubicación de personas afectadas sea voluntaria, informada, segura y digna, con pleno respeto a la unidad familiar, conforme a la Resolución 2/24 de la CIDH.
Finalmente, la CIDH reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y con la diáspora que no puede retornar para acompañar a sus seres queridos durante la emergencia, y reiteró que Venezuela debe restablecer el orden constitucional mediante una sucesión legítima y pacífica que permita reconstruir la institucionalidad necesaria para prevenir y atender este tipo de desastres.
