La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco personas en Venezuela, tras considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 83/2025, emitida el 17 de noviembre.
Los beneficiarios son Macario Bonifacio González Arias, su núcleo familiar, Enrique Octavio Márquez Pérez, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres. Tres de ellos se encuentran con paradero desconocido tras ser detenidos en septiembre de 2025, presuntamente por agentes estatales. Márquez Pérez permanece privado de libertad e incomunicado desde enero, sin información sobre su estado de salud ni condiciones de detención.
La CIDH también alertó sobre el hostigamiento sistemático contra la esposa, hija y nieta de González Arias, incluyendo seguimientos y presencia de vehículos cerca del colegio de la niña y del domicilio familiar. El Estado venezolano no respondió a las solicitudes de información ni presentó evidencia de acciones para mitigar los riesgos.
La Comisión observó que los familiares no han podido activar mecanismos internos efectivos para proteger sus derechos, lo que agrava la situación de vulnerabilidad.
Recomendaciones urgentes
Con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó al Estado venezolano:
- Proteger la vida, integridad y salud de las personas beneficiarias.
- Informar si los desaparecidos están bajo custodia estatal, y en tal caso, indicar lugar, motivo y circunstancias.
- Garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales, incluyendo acceso a abogados, expediente judicial, valoración médica y presentación ante tribunal competente.
- Evitar actos de violencia o intimidación contra el núcleo familiar de González Arias.
- Investigar los hechos denunciados y evitar su repetición.
La CIDH recordó que el otorgamiento de estas medidas no implica prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en la región.
