La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, reiteró este lunes la posición del organismo en rechazo a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de suspender las labores de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y expulsar a su personal de Venezuela.
Durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Clarke destacó «la importancia del escrutinio internacional de los derechos humanos en el contexto de instituciones democráticas que se debilitan y la supremacía de la ley».
Al respecto, reiteró que la CIDH «condenó la decisión de Venezuela de suspender las actividades de la oficina de asesoría técnica del ACNUDH tras su declaración sobre la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, que fue denunciado también por nuestra comisión».
La comisionada Clarke advirtió que esta decisión de expulsar a los funcionarios de la ONU «resulta especialmente preocupante en un país marcado por el cierre del espacio democrático y la ausencia del Estado de derecho».
