La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizada por la cuestionada Asamblea Nacional chavista, e instó a avanzar con una verdadera reconstrucción de un Poder Judicial independiente.
Mediante un comunicado, la CIDH destacó que la reforma redujo de 32 a 20 el número de personas magistradas integrantes del TSJ, sin prohibir la reelección de magistradas y magistrados cuyos períodos están próximos a finalizar. Adicionalmente, cambió la composición del comité de postulaciones de personas que aspiran a ser magistradas del TSJ, estableciendo que su mayoría estará integrada por personas diputadas en lugar de otros sectores de la sociedad.
Al respecto, la CIDH aseguró que «la reelección representa un factor de fragilidad para la independencia judicial, dado que una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables».
Además, la CIDH advirtió que «aumentar el número de personas diputadas en el comité de postulaciones tiende a profundizar la crisis institucional debido a que las elecciones parlamentarias de 2020 no gozaron de condiciones mínimas para ser consideradas libres o justas».
Finalmente, la CIDH afirmó que coincide con la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, impulsada por Naciones Unidas, cuando señala que «el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos».
En este sentido, instó que «se adopten reformas verdaderamente comprometidas con la consolidación de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto del Poder Ejecutivo y la reconstrucción de un sistema de pesos y contrapesos».
