La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió a la comunidad internacional sobre el grave y progresivo deterioro del ecosistema mediático en Venezuela, así como sobre el creciente clima de temor y autocensura entre periodistas y la ciudadanía que busca ejercer su derecho a la libertad de expresión.
En 2025, la Relatoría Especial ha mantenido el monitoreo continuo de la situación de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. Durante los primeros meses del año, en coordinación con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) de la CIDH, la Oficina ha recabado testimonios de periodistas, trabajadores de la prensa y organizaciones de la sociedad civil venezolanas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.
En particular, la Relatoría manifestó su preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, al menos 12 comunicadores permanecen privados de libertad, seis de ellos detenidos en lo que va de 2025, presuntamente en represalia por el ejercicio de su labor informativa.
La Oficina ha recibido informes particularmente graves sobre la desaparición forzada de Rory Branker, editor del portal La Patilla, detenido el 20 de febrero, cuyo paradero y estado de salud continúan siendo desconocidos; así como sobre el periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto de 2024, quien, según sus familiares, se encontraría con problemas de salud.
En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos de incitación al odio y terrorismo, en procesos que carecen de garantías judiciales, tal como ha sido señalado por la CIDH.
Además de las detenciones arbitrarias, en el transcurso del año se han reportado otras agresiones contra la prensa, incluyendo actos de violencia en protestas, allanamientos, anulación arbitraria de pasaportes, extorsiones, obstrucción de la cobertura informativa, campañas de estigmatización y amenazas provenientes de personas que ejercen autoridad pública, particularmente desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como desde algunas gobernaciones, especialmente en los estados de Trujillo y Táchira.
En los primeros meses de 2025, también se registraron nuevos allanamientos y cierres de emisoras, como Criolla 100.7 FM en Bolívar, Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM en Portuguesa, y Radio Mundial 860 AM en Táchira.
Por otro lado, entre el 4 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 79 bloqueos a sitios web de medios de comunicación, organizaciones civiles, redes sociales y plataformas con contenido crítico hacia el gobierno.
Asimismo, denunciaron agresiones en línea, incluidas amenazas provenientes de cuentas oficiales de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de campañas de propaganda oficial y desinformación.
También se reportó el uso de tecnologías de vigilancia como reconocimiento facial, drones y recolección de datos a través de plataformas estatales, junto con revisiones aleatorias de teléfonos celulares en la vía pública, con el fin de controlar y disuadir la participación ciudadana.
La Relatoría advirtió que estos actos no son aislados, sino parte de un patrón sistemático del régimen para controlar la narrativa pública, restringir el flujo de información, silenciar voces críticas y dificultar la movilización y la protesta social, lo que ha contribuido a consolidar un clima de temor generalizado en la población venezolana.
«La represión y persecución política posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024 han consolidado un entorno cada vez más hostil para la prensa, marcando un punto de inflexión en el ejercicio del periodismo en Venezuela. Los testimonios recabados describen un aumento significativo de la autocensura y el temor a represalias, lo que ha llevado a las y los periodistas a adoptar medidas de autoprotección, como cesar su labor informativa, evitar el cubrimiento de ciertos temas, desplazarse internamente o exiliarse. En el exilio, enfrentan serias dificultades para continuar su labor y reintegrarse al mercado laboral. Además, periodistas y organizaciones han expresado su preocupación por el deterioro del ecosistema mediático, especialmente a nivel local, exacerbado por recortes en los fondos de cooperación técnica internacional», señaló la Relatoría.
En este sentido, la CIDH advirtió que «esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los medios venezolanos y limita el acceso a información crucial sobre la situación de derechos humanos en el país, tanto a nivel nacional como internacional2.
